El 29 de marzo del 2017 los diputados de Asamblea Legislativa votaron de manera mayoritaria para prohibir todo tipo de minería de oro y otros metales. Convirtiendo a El Salvador como un referente en imponer un veto a la minera de metales.

El abogado, Luis Parada, de la firma Foley Hoag, en Washington, quien defendió a El Salvador en la demanda interpuesta por Pacific Rim ante el CIADI, compañía minera que fue absorbida por OceanaGold, explicó en sus redes sociales que la compañía minera que demandó a El Salvador por $250 millones, aun continúa en El Salvador pero con el de nombre de Bienestar, S.A de C.V

Oceana Gold Corporation, una empresa transnacional que en ese momento tenía demandado al Estado salvadoreño, ante un tribunal internacional por casi 300 millones de dólares, por no permitirle explotar en nuestro país un yacimiento minero en cuya exploración ya había invertido.

Fuente:http://ultimahora.sv/luis-parada-la-empresa-minera-oceanagold-aun-sigue-operando-en-el-pais/

Estimadas, estimados:

Organizaciones ambientalistas de El Salvador instaron este miércoles a prohibir constitucionalmente la minería metálica ante el temor de que el Congreso, que desde mayo estará controlado por la derecha, derogue una ley en ese sentido aprobada hace un año.Organizaciones ambientalistas de El Salvador instaron este miércoles a prohibir constitucionalmente la minería metálica ante el temor de que el Congreso, que desde mayo estará controlado por la derecha, derogue una ley en ese sentido aprobada hace un año.

«Que la prohibición de la minería sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental de este país» es la principal demanda que plantearon siete organizaciones defensoras del medio ambiente en un comunicado.

El Salvador se convirtió el 29 de marzo de 2017 en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, lo cual incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales en su territorio, de 20.742 km2 y 6,6 millones de habitantes.

En los comicios legislativos del pasado 4 de marzo, la izquierda que respaldaba la lucha contra la minería perdió la llave en el Congreso unicameral de 84 escaños al obtener solo 22 diputados. Desde el 1 de mayo y durante tres años la derecha tendrá la mayoría.

«Los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones para la derogación de la ley contra la minería», advirtió Bernardo Belloso, del directorio de las organizaciones no gubernamentales antiminería.

La ley de prohibición minera podría ser derogada con mayoría simple de 43 votos en el Congreso y los partidos de derecha cuentan con los 56 votos necesarios para revocar un eventual veto presidencial.

«Vemos que la ley antiminería está en peligro, si todos los partidos de derecha están en la disposición de derogar la ley, lo más seguro es que tengamos explotación minera», sostuvo el ambientalista.

Las alarmas de las agrupaciones ambientalistas se encendieron a propósito de la promoción de la llamada «minería verde», que una de las compañías mineras inició luego de que partidos de derecha obtuvieron mayoría legislativa en las elecciones del 5 de marzo.

Durante sus sucesivos gobiernos entre 1989 y 2009, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) concedió permisos de exploración minera.
«La minería verde no existe, es una campaña para dar mala información a la población», aseguró Belloso.

Fuente:http://acafremin.org/es/noticias-regionales/el-salvador/222-ambientalistas-salvadorenos-temen-derogacion-de-ley-contra-la-mineria

A nueve años del asesinato de Marcelo Rivera, su hermano, Miguel expresó su preocupación ante la ola publicitaria a favor de la “minería verde”, y el contexto político electoral que favorece a la derecha y en especial al partido ARENA, tras los resultados electorales del 4 de marzo.

“La verdad es que nosotros como familia, como compañeros de organización ambiental, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para defender el territorio, porque todavía tenemos yacimientos de oro en Cabañas y mientras esto sea así, las mineras transnacionales serán amenaza latente”, opinó.

Miguel Rivera trabaja en ADES, Santa Marta, pero también dedica parte de su tiempo, a manera personal, para apoyar procesos organizativos en San Isidro, Cabañas, creando una “sociedad en resistencia”, de este y otros temas habló en exclusiva a Diario Co Latino.

– Cabañas fue golpeado por la minería y cinco ambientalistas asesinados fue el saldo final. ¿Qué piensas de un nuevo intento de las mineras transnacionales?

Así como Marcelo, mi hermano, Ramiro Rivera y Dora Sorto, que tenía su hijo en su vientre, merecen ser revindicados y honrar sus memorias, porque entregaron sus vidas en la lucha por la defensa del medioambiente, que es algo justo, tenemos que trabajar de nuevo y fortalecernos para enfrentar estas nuevas amenazas.

Si los políticos tuvieran un poco más de sentido común, estarían claros que no se puede contaminar la poca agua del territorio nacional. Asumir también que habrá problemas de contaminación irreversibles y que todas estas acciones al final atentan al derecho de una vida digna de la población que dicen representar, porque la gente votó por ellos, no han sido puestos por sectores de poder.

– ¿Consideras una amenaza a la clase política de la derecha?

Realmente la historia en El Salvador ha sido lo contrario a una clase política proba y que desee trabajar por el país. Tenemos a esta clase política que está buscando recursos para financiarse sus campañas y llegar a enquistarse en las estructuras de gobierno y políticas, y se transforma en situaciones donde las voluntades se venden como en un mercado.

– ¿Crees que la visita y reunión de Frank Giustras y Carlos Slim, magnates de las minerías, y el expresidente Bill Clinton con el virtual candidato del partido ARENA Carlos Calleja, es amenazante?

Sí, hemos visto esa visita de gente de renombre y poder político, de los señores Giustras, Slim y el expresidente Clinton, y estamos claros, por las noticias generadas en investigaciones periodísticas, que estas personas financian a políticos alrededor del mundo, para llevar sus proyectos mineros tranquilamente, sin ninguna oposición.

– ¿Por qué una amenaza latente?

Recuerdo que ellos vinieron en el marco de estar en proceso de identificar un cambio de posibilidades y alternativas de desarrollo económico para Cabañas en El Salvador.

Y en ese mismo ámbito la Fundación El Dorado (Pacific Rim/Oceana Gold) cambia su razón social de extracción de metales, para convertir sus objetivos a proyectos sociales de emprendedurismo a nivel de país, sin mayores explicaciones.

Todo esto en un contexto donde existe una Ley de Prohibición a la Minería, y que por consecuencia no le permitiría a las mineras ni a sus proyectos sociales seguir vigentes en el país. El Estado falló, al final esto se convierte en una amenaza, porque las mineras siguen sus objetivos con su “lobby”, inyectando fondos a figuras políticas que llegarán a gobernar.

– ¿Continúa Oceana Gold en San Isidro, Cabañas?

Allá en Cabañas no se habla de Pacific Rim u Oceana Gold, se habla de Minerales Torogoz, haciendo referencia al ave nacional, tratando de borrar rastros de las transnacionales, como “tropicalizando” su accionar en los territorios y vienen con el impulso de la “minería verde”.

Claro, la población no se dejó sorprender, la gente está atenta y tiene una capacidad de inteligencia firme y ha respondido rechazándola.

– ¿Qué es esto de minería verde?

La minería verde no existe, si buscas en el Internet e ingresas con cualquier motor de búsqueda te encuentras con una gran cantidad de estudios e investigaciones que dejan claro que los conceptos de la minería verde, minería integral o responsable… es toda una parafernalia, es materia de “mercadeo”. Más parece una forma de encubrimiento para llevar a cabo proyectos que están a 90º grados del concepto de minería verde, y el concepto que tratan de vender como proceso amigable con el medioambiente.

– ¿Qué valoración haces frente a la coyuntura política de país?

Creo que el contexto político que enfrentamos a unos meses en la Asamblea Legislativa y luego en el 2019 no es nada alentador. Solo recuerdo que el día que aprobaron la ley contra la minería, algunos diputados del partido ARENA se salieron para no votar por la prohibición. Son diputados con más poder económico e influencia política, y no votaron para no aparecer como que están en contra de muchos proyectos que apoyan realmente.

Recordemos, los empresarios quieren imponer sus proyectos a costa de lo que sea, y nosotros como población organizada estaremos ahí para enfrentarlos.

El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la Ley de Prohibición la Minería Metálica que incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o de manera subterránea de metales en el país, además prohíbe el uso de Cianuro, mercurio y otros químicos letales en cualquier proceso de minería metálica y establece un período de transición de dos años, a partir de la aprobación de la ley, para la eliminación de la minería artesanal y la reconversión de los mineros artesanales (Guiriceros) a otra actividad productiva.

La ley fue aclamada internacionalmente como una victoria para ambientalistas en todo el mundo y particularmente para el amplio movimiento de comunidades salvadoreñas, organizaciones sociales, ONGs, iglesias y organizaciones internacionales que incidieron ante el gobierno por más de 12 años para aprobar la prohibición, así como ante empresas mineras multinacionales para respetar la voluntad del pueblo salvadoreño.
La prohibición de la minería metálica es una reivindicación conquistada por la lucha de todo un pueblo que aspira a un medio ambiente sustentable para las generaciones futuras. Es una victoria dedicada a aquellos defensores ambientales que continuaron su lucha a pesar de una brutal campaña de desinformación y represión liderada por la empresa minera canadiense Pacific Rim, más tarde adquirida por Oceana Gold, bajo la sombra de asesinos a sueldo y un sistema judicial corrupto. Primordialmente esta victoria, revindica la lucha de defensores ambientales como los mártires de Cabañas, que ofrendaron sus vidas por la defensa de nuestros escasos recursos hídricos.

El gobierno salvadoreño también generó elogios en todo el mundo por elegir proteger los intereses de su pueblo sobre los intereses de las corporaciones mineras multinacionales, cuando fue demandado por más de $250 millones US por la empresa australiana/canadiense Oceana Gold.

A un año de esta victoria, comunidades organizadas, iglesias y organizaciones comunitarias han expresado preocupación porque los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones para la derogación de la ley.

El gobierno a un año de la aprobación de la ley, no ha implementado medidas para garantizar la sostenibilidad de esta, tampoco ha implementado el reglamento de la misma: nunca reformó otras leyes y tratados relacionados con la minería y la inversión extranjera para excluir explícitamente las actividades mineras, el Ministerio de Economía y MARN no han implementado medidas concretas para la transición de la minería artesanal ni ha gestionado los recursos necesarios para la reconversión de los mineros artesanales y las empresas subsidiarias de Oceana Gold, Minerales Torogoz y la fundación El Dorado siguen activas en la región de las Cabañas.

Los resultados de las elecciones legislativas celebradas el 4 de marzo inclinaron la balanza del poder a favor de partidos pro-empresariales, dejando al derechista ARENA con el mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa. Con este nuevo escenario político, la ley de prohibición minera podría ser fácilmente derogada con mayoría simple, la derecha pro empresarial tiene incluso los curules suficientes para revocar un eventual veto presidencial.  También es conocido que uno de los aspirantes presidenciales favorito de la cúpula de ARENA, tiene vínculos cercanos con prominentes inversionistas mineros internacionales.

En toda la región centroamericana, la minería ha demostrado ser una industria agresiva que no proporciona crecimiento económico, salud y sostenibilidad ambiental para las poblaciones locales; por el contrario, la industria minera es conocida por su destrucción ambiental, por crear condiciones para la violación de derechos humanos y por fomentar la corrupción en gobiernos locales y por agudizar la pobreza.

Reiteramos que la introducción de la minería metálica en el país agudizaría la crisis ambiental existente y generaría impactos sociales desastrosos para la población. El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado del continente, se encuentra en una región conocida por su alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y estudios recientes demuestran que nuestras reservas forestales y suministros de agua se agotan de manera acelerada.

Cualquier amenaza a la derogatoria de la ley de prohibición minera debe ser enérgicamente rechazada por la población salvadoreña.

El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, declaró en su conferencia de prensa del domingo 25 de marzo que derogar la prohibición minera y otorgar a las corporaciones multinacionales el control de los recursos naturales sería considerado un acto de traición a la población salvadoreña.

Durante la conferencia de prensa se pronunciaron las representantes de organizaciones ambientalistas. Luis González de UNES, Luis Pineda de CORDES, Vidalina Morales de ADES, Bernardo Belloso de CRIPDES, Rosy López de CCR y Raúl Durán de ARPAS (de izq. a der.).

Como organizaciones sociales representantes de comunidades interesadas en la sustentabilidad  ambiental de nuestro país, nuevamente rechazamos de manera categórica, la reciente campaña que está siendo divulgada en redes sociales, sobre los “beneficios” de la “minería verde” y tal como lo denunciamos en su momento, no existen tales bondades de dicha práctica, ya que cualquier modalidad de extracción minera genera serios impactos en la salud de las personas, en el agua y en otros bienes naturales.  Queremos hacer eco a las palabras de todos los actores presentes en esta lucha en contra de la minería por lo que demandamos:

• Que la prohibición de la minería sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental de este país.

• Que los y las diputadas de la nueva Asamblea Legislativa respeten la decisión tomada por la legislatura anterior y se mantenga la integridad de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

• Que representantes de la industria minera en nuestro país respeten la voluntad popular y se abstengan de promover campañas de desinformación que fomentan la “minería verde”.

• Que el gobierno salvadoreño tome las medidas necesarias para asegurar que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su respectivo reglamento sean implementados de manera integral para salvaguardar su sostenibilidad.

• Hacemos un llamado a la Iglesia Católica por medio del Eminentísimo Cardenal Rosa Chávez y el Excelentísimo señor Arzobispo Escobar Alas a mantener una posición firme en la defensa de los bienes naturales en concordancia con lo solicitado por el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí.

San Salvador, 4 de abril del 2018.

Fuente:www.acafremin.org

Varios países subdesarrollados dependen en gran medida de la explotación de los recursos minerales para su crecimiento económico. En parte, se debe al valor monetario de exportación de los productos —sobre todo minerales metálicos—, los cuales han elevado sus precios desde la última década del siglo XX hasta la actualidad (Azamar, 2017).

Debido a la tendencia creciente en el valor de estos bienes, la inversión en la minería ha tenido un importante repunte para la región latinoamericana, concentrándose 27 por ciento de la misma en los grandes países productores de minerales como: México, Chile, Perú y Brasil.

Sin embargo, existen pequeños mercados que pueden generar amplios márgenes de beneficios económicos para las empresas que buscan aprovecharse de la tendencia de crecimiento en el precio de los metales. Uno de estos es El Salvador, un país en Centroamérica cuya extensión territorial es la más baja de la región con menos de dos millones de hectáreas, y que nunca ha representado gran relevancia en el escenario minero de Latinoamérica, pero que cuenta con varios depósitos de oro que no han sido explotados a profundidad.

A pesar de lo anterior, es importante destacar que en El Salvador sí hubo exploración y explotación de recursos minerales durante buena parte del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, lo que deterioró notablemente su ecosistema, disminuyendo la cantidad de agua y otros bienes naturales para consumo humano, demostrando con ello que no es viable la extracción de recursos minerales.

De acuerdo con Flaviano Bianchini (2007) existe una gran cantidad de lugares en la zona nororiental en El Salvador que están contaminados por las actividades extractivas que se ejercieron en el pasado, las cuales generaron varias enfermedades como: cáncer, silicosis, etc., entre la población que vive en esos lugares.

No importando estos problemas, en el año 1996 se aprobó una nueva Ley Minera (ADES, 2013) apoyada por la iniciativa privada y los partidos de derecha, la cual se enfocó en facilitar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos a través de la disminución de exigencias para las empresas dedicadas a la extracción de recursos minerales; asimismo, se promovió la inversión para este sector mediante el apoyo a capitales privados obviando el deber constitucional del Estado de garantizar el mejor uso de los recursos naturales con una perspectiva de interés social.

Las posteriores reformas a esta Ley Minera que se presentaron en 1998 y en 2001 dieron paso a la reducción en la cantidad de impuestos que las empresas mineras debían pagar al Estado por concepto de aprovechamiento, por lo que estos disminuyeron en 50 por ciento y en algunos casos hasta en75 por ciento, ya que la intención de la nueva legislación era atraer capitales extranjeros, los cuales se supondría que ayudarían a reducir el nivel de pobreza en el que viven los habitantes de ese país. Sin embargo, este tipo de actividades generan principalmente economías de enclave con altos niveles de marginación social que terminan pauperizando a la mayor parte de la población.

La cuestión de fondo es que se impulsó una agenda de explotación ambiental en un país que carece de condiciones para sostener el extractivismo en cualquiera de sus formas. Esto se hizo so pretexto de mejorar las condiciones económicas y sociales, a pesar de que existe evidencia de que la minería no ha contribuido a mejorar ninguno de estos aspectos para El Salvador (ADES, 2013; Bianchini, 2007; Larios, 2008; Moran 2005).

La intención del gobierno salvadoreño por fomentar la minería en la nación logró que se promoviera una gran participación social, destacandola de diferentes grupos, como: Comisión Nacional de Desarrollo (CND), la Conferencia Episcopal (CEDES), varias Organizaciones No Gubernamentales, movimientos ciudadanos y universidades públicas. Estos grupos realizaron valoraciones ambientales, sociales y económicas para rechazar la minería en el país, logrando eco internacional gracias a varios investigadores extranjeros que dieron su apoyo a la comunidad.

La presión conjunta de estos grupos se enfrentó a los intereses del gobierno y de la industria mediante manifestaciones, pláticas públicas e información y se logró impugnar una decisión que impacta en una de las industrias más importantes en el mundo: la minera. Finalmente, el 29 de marzo de 2017 fue aprobada la Ley de prohibición para la extracción de minería metálica por medio de la cual se detuvieron los proyectos que se encontraban en las diferentes fases de operación en El Salvador, lo que ha provocado que se inconformen las grandes compañías mineras, principalmente las canadienses.

La aportación de este pequeño país centroamericano al mundo es muy grande, es una lección de una sociedad con graves dificultades políticas, sociales y económicas que pudo organizarse para pelear por sus derechos fundamentales y enfrentar a un gigante económico como lo es la industria minera global.

Lo que El Salvador ha logrado es fundamental en estos momentos políticos tan complejos que se están viviendo en Latinoamérica, por lo que vale la pena recuperar este ejemplo de valentía, paciencia y fuerza colectiva ante los embates del extractivismo neoliberal que existen en la región.

Fuente:http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056658.html

“Nosotros estamos analizando como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de que la ley de prohibición debe tener una relación del artículo 8 de la Constitución de la República, que mandata prohibiciones expresas, y si existe una ley… no tienen razón para estar en el país”, explicó Saúl Baños de FESPAD.

Las diversas organizaciones que aglutina la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, lamentaron que luego que la Fiscalía General de la República informara sobre el pago de los ocho millones de dólares, de Oceana Gold al Estado salvadoreño, con ocho meses de retraso por pago de costas procesales que le impuso el Centro de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 14 de octubre de 2016, la empresa minera aún se niega a salir del país.

“Queremos ser enfáticos, y el Fiscal (Douglas Meléndez Ruiz) debería desmarcarse de las declaraciones de la empresa Minerales Torogoz que vertió en un comunicado donde afirma –que hubo una negociación entre Oceana Gold y la Fiscalía- y debemos recordar que un litigio que llevó más de siete años, donde hubo mucha confrontación y la empresa se negó a conciliar en su momento. Y que ahora venga a decir que negoció con la Fiscalía me parece irresponsable de la empresa, pero también el Fiscal debe aclarar estas valoraciones”, señaló Baños.

Vidalina Morales, de CRIPDES, expresó su preocupación por la permanencia de la Fundación El Dorado, cuando ya no tiene su patrocinio directo que es Oceana Gold, que se dedica a la explotación de los metales preciosos.

“Para nosotros es una burla total que ellos continúen en nuestras comunidades y nos preocupa más, porque se acercan las contiendas electorales y como habitantes del departamento de Cabañas, podemos dar fe, de cómo la empresa se ha comportado esa empresa en los procesos electorales pasados, además ese municipio tuvo el impacto directo de la muerte de nuestros ambientalistas que aún no se ha aclarado a sus autores materiales e intelectuales”, agregó.

Sobre la decisión de Oceana Gold expresa en el comunicado de convertirse en una empresa dedicada a mejorar proyectos de agricultura en la zona, Sandra Ascencio, de JPIC, consideró que era difícil pensar en cambios.

“Su insistencia a quedarse nos hace dudar y creemos que solo están esperando un cambio en la correlación de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, para buscar una reforma o derogatoria total de la ley que prohíbe la minería. Necesitamos que el Ministerio de Economía y de Medio Ambiente reaccionen y definan un reglamento que operativice la ley contra la minería, para que insistitucionalizando el nuevo marco jurídico podamos estar protegidos en totalidad”, puntualizó.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/el-salvador/item/36892-mesa-nacional-frente-a-la-mineria-oceana-gold-debe-abandonar-el-salvador