Para que la Consulta Popular, realizada este domingo, fuera válida se necesitaba que el 40% del padrón electoral emitiera su voto, y de éstos al menos 1,955 personas debían apoyar el SÍ. Al cierre de la votación la meta se superó, más del 45% dijo sí a declarar el agua como derecho humano en este territorio.

Este domingo 27 de octubre Suchitoto marcó un importante hecho en su historia, en una Consulta Popular la población expresó su decisión de defender el agua declarándola como derecho humano.

Las urnas se abrieron a las 7 de la mañana en los diez centros de votación habilitados.

El proceso estuvo acompañado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para que la Consulta Popular fuera válida se requerían como mínimo 3,833 votos. De éstos, al menos, 1955 (51%) debían apoyar la opción del SÍ, para que el agua se declarara como Derecho Humano en este territorio.

A a la 12 pm los datos mostraban una considerable asistencia a los centros de votación. A esa hora al menos dos mil personas había ejercido su voto.

La Consulta Popular de este 27 de octubre significó un reto para las organizaciones e instituciones impulsoras, dado que en mayo de 2017 -cuando se realizó la primera consulta por el derecho humano al agua- los votos no fueron suficientes para alcanzar el 40% requerido para dar validez al proceso.

Sin embargo, los «temores» de este antecedente se disiparon cuando el conteo de los votos reveló que, en esta ocasión, el 48.21% de la población dijo SÍ a declarar el agua como derecho humano.

Con este resultado, Suchitoto se convierte en el primer municipio a nivel nacional en declarar el agua como derecho humano.

¿Qué sigue tras la consulta?

Según dijo a la Red Informativa de ARPAS la alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera, el Concejo Municipal creará una ordenanza para proteger el agua, declarada en consulta como derecho humano.

Los hechos de julio de 2007…

La historia de las comunidades de Suchitoto por defender el agua tiene antecedentes.

El 02 de julio de 2007 la población se movilizó para rechazar la iniciativa del entonces presidente de la República, Elías Antonio Saca, de lanzar la «política de descentralización de servicios públicos», en la que las comunidades advertían amenazas de privatización del agua.

La movilización fue reprimida por el gobierno. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de las Unidades Élite de Asalto de la Policía Nacional Civil (PNC) arremetieron contra las personas que protestaban, en una clara actitud «caracterizada por el abuso de la fuerza contra población civil», según dijo la Procuradora de Derechos Humanos de entones, Beatrice de Carrillo.

Como resultado de las acciones de represión, se contabilizaron más de 40 personas heridas y 14 detenidas por los supuestos delitos de asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo.

Es en ese contexto que los resultados de la Consulta Popular de este 27 de octubre cobra mayor relevancia, pues reivindica las acciones de defensa del agua expresadas por las comunidades desde hace más de 12 años.

Fuente:https://arpas.org.sv/2019/10/suchitoto-el-primer-municipio-que-declara-el-agua-como-derecho-humano/?fbclid=IwAR07koCMDaWdWN_OeY5jUjKOOUG0CelAfJu-W0Fr6F4Ve5IhNlbpgP7Mszg

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016), en Centroamérica viven más de 70 pueblos indígenas de diferentes etnias, en un área total de 282,565 km2. Casi el 40% del territorio de las áreas protegidas se encuentra traslapada con tierras indígenas, lo que muestra la convivencia armónica, respetuosa y sostenible de estos pueblos con la naturaleza.

En la actualidad, el vínculo entre la minería y los pueblos indígenas en la región ha estado caracterizado por diversos conflictos suscitados por el otorgamiento inconsulto y unilateral de concesiones, que afectan sus territorios y vulneran sus propios derechos individuales y colectivos. Algunas causales son: 1) el irrespeto y la violación del derecho a la consulta previa de las poblaciones sobre el uso de sus recursos naturales locales y, 2) el nulo acceso a información pública sobre los derechos otorgados a terceros, por el uso del subsuelo.

La práctica actual de ceder concesiones en territorios indígenas no considera las formas propias de desarrollo ni las actividades económicas de las poblaciones. Tampoco valoran los beneficios que se obtienen de otros recursos estratégicos como el agua, suelo y bosques, los cuales representan su fuente proveedora de medios de vida.

Por lo general, se violentan múltiples derechos humanos reconocidos y contemplados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre estos, el derecho a un ambiente sano, a la salud, el consentimiento previo, libre e informado, entre otros. Un país que ha sido sujeto de demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a derechos humanos de los pueblos indígenas ante la expansión del extractivismo minero, ha sido Guatemala. En estas demandas se ha señalado la negación del derecho a decidir y a tener la libertad de determinación sobre su propio modelo de desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Este asunto ha despertado la discusión sobre los límites que tiene el Estado, con relación al derecho de propiedad de los pueblos indígenas o de otros grupos locales, y hasta dónde, es posible que pueda decidir sobre la conveniencia o no de consentir el aprovechamiento minero en estos territorios.

En Guatemala se contabilizaron 32 lotes mineros, de los cuales 21 en exploración y 11 en explotación, ambos cubren una superficie de 1,107.97 km2, los cuales afectarán a 10 pueblos indígenas (Qeqchi, Chorti, Achi, Xinca, Mam, entre otros) localizados en 10 departamentos, entre los que cabe destacar, Quezaltenango, San Marcos, Chiquimula, Jalapa y otros.

En El Salvador se identificaron 12 lotes para exploración, que totalizaron 376.20 Km2 y estarían afectando a 3 poblaciones indígenas Nahua, Lenca y Lenca mestizo, localizados en 4 departamentos: Cabañas, Chalatenango, San Miguel y Morazán.En Honduras se contabilizó la existencia de 25 lotes mineros, 11 en exploración, 14 en explotación y 4 Reservas Mineras.

Todos ellos representan una superficie de 538.18 km2 y afectan directa e indirectamente a 5 pueblos indígenas: Chorti, Pech, Tolupan, Garifuna y Lenca_Mestizo. Nicaragua cuenta con la mayor cantidad de lotes y extensión territorial dentro o contiguo a territorios de pueblos indígenas, en comparación con el resto de países.

En total se reportan 95 concesiones, de los cuales 5 lotes en exploración, 54 en explotación y 41 Reservas Mineras. En conjunto suman 11,070.72 km2 y estarían afectando la vida de 5 pueblos indígenas: miskito, miskito-creole-mestizo, mayagnas, chorotegas y matagalpas.

La mayoría de los países de la región han ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a garantizar los derechos indígenas, incluyendo la obligación de realizar consultas sobre cualquier medida o política que afecte directamente sus territorios y sus vidas.

A pesar de ello, se evidencia una administración pública proclive a autorizar concesiones mineras sin reparo de que éstas afecten directa o indirectamente los territorios y bienes naturales/ancestrales de pueblos indígenas. Incluso aquellas comunidades o grupos étnicos que se han movilizado para exigir su derecho han sido rechazados, discriminados y reprimidos por los gobiernos.

Fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=392:concesiones-mineras-violentan-multiples-derechos-a-pueblos-indigenas-y-tribales-en-centroamerica

El Salvador es el primer país a nivel mundial que prohibió la minería metálica en su totalidad, un 29 de marzo del 2017; pero ¿quienes fueron los precursores de esta victoria?

La victoria ambiental más grande a nivel mundial, se podría decir que empezó en un pequeño país, que por muchas décadas fue catalogado de lo peor, sin saber que dentro de sus tierras siempre se gestaba lucha, ese pulgarcito llamado El Salvador, fue reconocido en cada rincón del mundo por vencer a la gran empresa minera Oceana Gold/Pacific Rim.

Pero todo en este mundo tiene su génesis y si bien es cierto que la lucha por el medio ambiente fue un esfuerzo colectivo, se tiene que reconocer a los héroes y heroínas que dejaron su vida para que en estos momentos la gran amenaza de la minería metálica saliera del país, este escrito periodístico es para recordar a Dora Sorto, Juan Durán, Ramiro Rivera, y Gustavo Marcelo Rivera, quienes fueron las primeras murallas en el departamento de Cabañas, El Salvador en generar el gen por la lucha y defensa ambiental.

Recordar fue la palabra clave de los ambientalistas y organizaciones sociales que conmemoraban el décimo asesinato del defensor de derechos humanos Marcelo Rivera, quien fue el primer grito contra la empresa Oceana Gold/Pacific Rim. El ambientalista fue amenazado por mucho tiempo, pero el seguía organizando a la población a no dejarse engañar por el monstruo de la minería, el descontento de los empresarios generó la desaparición de Rivera el 18 de junio de 2009, y más tarde, su cuerpo fue encontrado con múltiples señales de tortura un 30 de junio.

Vidalina Morales, ambientalista y presidenta de ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social, Santa Marta) apunta la necesidad de recordar a quienes fueron la clave de generar una lucha contra la minería y además enfatizó en seguir vigilantes, ya que existen acercamientos de las trasnacionales mineras con el gobierno entrante.

“Recordar el legado de Marcelo quien luchó contra la minería metálica, permite estar vigilante a esas empresas que están por ahí esperando la forma de entrar nuevamente, la lucha ha sido fuerte en el departamento y en el país, se logró alcanzar la Ley contra la minería metálica , pero como está la correlación de fuerza y los intereses trasnacionales y un gobierno que parece servilista a los intereses de las corporaciones, que básicamente les ha dicho «vengan, estamos disponibles», esto es una amenaza para nuestras comunidades» agrega Vidalina.

La conmemoración del defensor ambiental, Marcelo Rivera, estuvo acompañada por pobladores del departamento de Cabañas, quienes ofrecieron actos culturales en su memoria, además de una ofrenda floral en la tumba de aquel hombre que dio la vida por los ríos y montañas de Cabañas.

Estando en el cementerio frente al mausoleo del defensor social, La directora de la “Casa de la Cultura Marcelo Rivera”, Flor Iraheta, no pudo contenerse y empaparse los ojos de lágrimas mientras aseguraba que el luchador social dejó un legado que necesita seguir en pie, y que es la lucha social. “Queremos conmemorar la partida física del compañero Marcelo, se nos hace difícil recordar esta fecha» decía la promotora culturar mientras trataba de contener las lagrima, “recordamos momentos lindos y de lucha, el físicamente no está, pero su legado esta con nosotros y debemos luchar por el medio ambiente y la cultura, tenemos compañeros que recuerdan todo lo que él nos enseñó, y debemos enseñarlo a las nuevas generaciones». Flor Iraheta finalizó, pidiendo aplausos “que llegaron al cielo” para Marcelo Rivera.

La minería aún no se detiene en su totalidad.

El legado de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Juan Durán y Ramiro Rivera aún vive en muchas personas del departamento de Cabañas y de otros sectores del país, que reconocen aquella lucha y que si bien es cierto, algunos cayeron ante los asesinatos de las corporaciones mineras, aún existe la conciencia de detener aquellos procesos que pueden revertir la ley contra la minería metálica.

Como bien lo menciona la ambientalista Vidalina Morales, existe un peligro latente en que las empresas sigan queriendo regresar, con la invitación de un presidente (Nayib Bukele) que busca la apuesta por el neoliberalismo, en otras palabras el acercamiento con corporaciones internacionales cuyo interés son los bienes naturales de El Salvador.

El representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, (ACAFREMIN), Pedro Cabezas, asegura que la amenaza de la minería sigue a nivel nacional y transfronterizo. “Hay riesgos, (sobre) que medidas van a tomar los gobiernos, también es necesario determinar quiénes son los autores intelectuales de la muerte de los ambientalista. En el tema de la minería transfronteriza, tenemos prohibición de minería; pero en Honduras y Guatemala hay más de 40 proyectos mineros y no se ha tomado paso para dialogar y hacer un tratado de agua fronteriza y que esas actividades de esos países no dañen nuestro ambiente, como el proyecto Cerro Blanco, o BlueStone Resources, ellos ya tienen permisos en Guatemala, la principal preocupación es que está a 10 kilómetro de El Salvador, esa contaminación afectaría el río Lempa, y tendríamos un conflicto trasfronterizo” comentó, Pedro Cabezas.

Al final, recordar a Marcelo Rivera, según los pobladores de Cabañas, es inmortalizar que la lucha ambiental sigue vigente y que hay estar atentos a las empresas trasnacionales que buscan los bienes naturales para su conveniencia y no para la población.

Fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=401%3Ael-legado-de-marcelo-el-ambientalista-que-lucho-contra-la-mineria-metalica-en-el-salvador&fbclid=IwAR30uTOiHLzKqtdSR43x1t7Iat00Ychw1ZnebupcqLqURpi-9kXjP4_kbhE

El Salvador ha actuado por casi 20 años como un espectador pasivo de la actividad minera en la cuenca alta del río Lempa. Desde el pasado 29 de marzo de 2017 El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, no obstante su vecino Guatemala cuenta con una Ley que permite la exploración y explotación vigente desde hace 22 años. Son siete proyectos activos en la frontera, uno de ellos a menos de 20 kilómetros y que amenaza directamente al Lempa: la mina Cerro Blanco.

El Salvador es un país agua dependiente, en gran porcentaje, de una sola cuenca hidrográfica: el río Lempa. De él se abastece buena parte de la población para el consumo y producción de energía electrica. Este río, aunque su mayor recorrido lo hace en territorio salvadoreño, nace en Chiquimula, Guatemala.

Recorre una parte de suelo hondureño y entra por el norte del país. En la cuenca alta, Santa Ana, es alimentado por el lago de Guija, un embalse natural en el que desemboca el río Ostúa, un río tributario al Lempa, afectado directamente por la actividad minera en Cerro Blanco. En conclusión, las actividades de la explotación minera guatemalteca están contaminando el río Lempa.

Cidia Cortes, investigadora de la Universidad Luterana Salvadoreña, sostiene que en total Guatemala ha concedido 344 licencias de exploración y explotación minera, de las cuales siete están cercanas a El Salvador.

Una de estas es la mina Cerro Blanco que, actualmente, pretende explotar más de 20 kilómetros cuadrados de mina de oro y plata. Sin embargo, pareciera que “hasta la naturaleza está en contra de la mina”, expresa Cortes, pues está ubicada sobre una zona geotermal. Las estimaciones de producción de la empresa es que la mina ha de producir 952 mil onzas de oro y 3.14 millones de onzas de plata, durante nueve años de vida útil.

A simple vista parecen las estimaciones de una empresa visionaria, sin embargo la historia va más allá de las proyecciones actuales. Según información del Colectivo Madre Selva, fue en 2004 que la empresa Entre Mares S.A., subsidiaria de la empresa Goldcorp, presentó un Estudio Ambiental Inicial, mismo que fue rechazado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por inconsistencias de información.

Un año después, en conformidad al art. 20 de la Ley de Minería de Guatemala, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental, que fue rechazado bajo el mismo argumento del anterior, agregando que, según la minera, no habrían impactos ambientales. Al poco tiempo, el entonces presidente Oscar Berger cambió de sección a la directora de la Unidad de Gestión encargada de recibir estos reportes.

En junio de 2007, la minera presentó el mismo estudio y fue aceptado por la nueva directora de la Unidad, la Dra. Eugenia Castro Modonessi. Madre Selva expresó el 23 de julio de ese año su oposición al proyecto, ya que a su criterio no reunía información necesaria para ser aprobado. Sin embargo, el 14 de agosto la empresa recibió el beneplácito gubernamental.

Más adelante el ministerio recibió fragmentado el proyecto Cerro Blanco en temas relativos al funcionamiento: tratamiento de aguas, dormitorios para los empleados, entre otros. Toda esta situación obligó a las organizaciones sociales y comunidades de Asunción Mita, municipio al que pertenece la concesión minera, en el departamento fronterizo de Jutiapa, a organizarse y manifestar resistencia al proyecto que ya se había echado a andar.

Madre Selva en sus investigaciones reconoce que en 2012 el proyecto Cerro Blanco solicitó al Ministerio de Energía y Minas un cierre temporal de dos años, esto a causa de “fallas técnicas e inundaciones en el túnel”. Durante el proceso de preparación de la extracción, la empresa llegó hasta la reserva de agua geotermal que se ubica bajo el cerro.

Este líquido fluye a una temperatura entre 80 y 120 grados celsius. Contiene un alto nivel de arsénico y metales pesados. Para superar esta falla, la empresa adoptó un modelo de enfriamiento y drenaje de la misma. El agua es extraída de los túneles, vertida en pilas de enfriamiento, pasa a una planta de retención de arsénico y luego es vertida en el río Morán, un río de invierno, tributario del río Ostúa.

El arsénico no es el único metal que diversas investigaciones han encontrado en los sedimentos de los ríos Morán y el compartido Ostúa, tanto en la parte de Guatemala como en la de El Salvador. Según la investigación de Cortes, hay presencia también de plomo, cadmio y cromo, metales pesados que son nocivos para la salud humana y la vida de los ecosistemas de la zona.

En mediciones hechas por su equipo de trabajo se puede observar el nivel alarmante de contaminación. Lo ideal, señala, es que no hubiera presencia del metal, sin embargo hasta 5.9 ppm, unidad con que se mide la presencia de metales en sedimentos, son tolerables para el ser humano y la fauna marina. En el caso Morán, en 2014 se registraron 35.57 ppm y en 2018 143.13 ppm; un aumento del 400%. En el caso Ostúa Guatemala, de 16.34ppm se pasó a 125.23 ppm; un aumento de casi el 800%. En el caso Ostúa El Salvador, de 13.86 ppm a 49.82 ppm; un aumento del 360%.

La mina lleva más de 10 años de operar sin haber extracción una sola onza de oro o plata, pero si ha estado drenando cantidades enormes de agua termal con alto contenido de metales pesados tóxicos. Una de las enfermedades señaladas por Madre Selva, que despierta una alerta sanitaria, es el padecimiento a largo plazo de “hidroarsenicismo crónico”.

Este padecimiento se manifiesta a través de irritación intestinal que causa dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. La exposición prolongada al arsénico inorgánico causa patrones de lesiones cancerígenas en la piel. Síntomas que son resentidos desde hace algunos años por los pobladores que residen cerca de la mina, según informa Madre Selva.

La aldea Trapiche Vargas es vecina directa del proyecto minero. Son alrededor de 300 familias las que residen en el lugar. Viviana Palma y Elsa Ramírez convergen en una misma experiencia comunitaria: han sido espectadoras impotentes de la muerte de los ecosistemas que ofrecían sustento a los pobladores. Por un lado, Palma enumera las enfermedades visibles entre las personas del lugar: enfermedades de la piel, intoxicaciones, pérdida de la vista y el oído.

Para agravar la situación, el terreno fue dinamitado agrietando paredes y dejando inhabitables casas de bajareque. El personal de la mina prometió ayudar en la reparación, sin embargo en los casi 20 años de proyecto minero, sólo un trayecto de calle ha sido construido. A pesar de la consciencia que se ha ganado con los años, muchas personas resultan indiferentes a la lucha anti minera, pues esta es la única fuente de ingresos, en una zona donde con dificultad llegan los servicios básicos que un Estado debe propiciar para sus ciudadanos.

Han sido varias las organizaciones e instituciones que han conocido la problemática que trae consigo el proyecto minero. Una de ellas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), pues cuenta con un informe, desde 2013, donde detalla recomendaciones especificas al Gobierno salvadoreño, mismo que es el responsable de tutelar o realizar las acciones para velar por la protección de los derechos de su población.

Guatemala también ya tiene ese expediente, según expresa Ana Guevara, procuradora adjunta de la PDDH. Fue de esa manera que se buscó un mecanismo, a través del mandato constitucional del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) para establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Este acuerdo se firmó el 12 de noviembre de 2018. El acercamiento inició cuando ambas instituciones de Derechos Humanos, impulsaron “acciones de fortalecimientos de capacidades al personal, en el tema exclusivamente de derechos humanos y empresas. Iba encaminada a establecer mecanismos de cooperación ya sea en el tema de promoción, en el tema de incidencia y también el seguimiento a casos que estuvieran vinculadas a violación de empresas”, dice Guevara.

Una posible violación es la contaminación de un río que no sólo abastece a comunidades de Asunción Mita, sino también la cuenca alta del río Lempa, es decir buena parte de El Salvador se ve afectado. Los mandatos constitucionales de ambos entes garantes de los Derechos Humanos sólo permite, dentro de su territorio, la emisión de condenas morales y si la acción es más grave, ésta debe notificarse a la unidad fiscal correspondiente.

Por tratarse de una problemática binacional, el camino a recorrer está marcado por la diplomacia internacional. En ese sentido, son los Estados los encargados de buscar establecer un tratado, de común acuerdo, sobre las aguas transfronterizas, así lo señala Luis González de la UNES. Agrega que hasta ahora ha existido una falta de voluntad política sobre todo desde el lado guatemalteco.

Hace seis años se iniciaron conversaciones pero quedaron estancadas. Esto debido a que el país vecino alega la figura de la “soberanía de cuenta”, aunque esta ya está desfasada pues hoy se habla de “cuenca compartida”, sostiene González. Hasta hoy, el único plan en marcha es sobre el trifinio, tal como sostienen los ambientalistas, puede servir como base ejemplar para resolver este caso.

Sin embargo, Julio González de Madre Selva, refuerza la idea que el Gobierno de Guatemala hace poco o nada respecto al tema. Recuerda que si se compara el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es el país con más alto índice de percepción de corrupción, un dato respaldado por Datosmacro.com, y en ese sentido dice que “es una situación donde prevalecen los intereses económicos sobre los Derechos Humanos”.

Leocadio Juracán, diputado del Congreso de Guatemala, apoya esta idea pues expresa que “cuando el Estado debe ser garante de los derechos humanos, garante del bienestar de la población… tenemos un Estado que está desprotegiendo a sus ciudadanos”.

Juracán va más allá, pues desde su trabajo en el Congreso ha conocido de cerca el desarrollo de investigaciones sobre el otorgamiento de permisos mineros. En ese sentido, el pasado 7 de diciembre de 2018 fue citado el ministro de Ambiente, al Congreso guatemalteco, para dar explicaciones de los mismos, además de aclarar un proceso que se está llevando a cabo actualmente: la venta de derechos mineros en Cerro Blanco.

El legislador señala que cada vez más cobra fuerza una hipótesis que le resulta preocupante. Pareciera que la verdadera intención, de una mina que en casi 20 años de funcionamiento no ha producido nada, es buscar un vacío legal para demandar al Estado guatemalteco.

Esta hipótesis es apoyada por Julio González, quien agrega que la empresa interesada en la compra de la mina Cerro Blanco, es una “empresa jr.”, es decir que cuenta con un bajo capital, pero pretende comprar una “ganga”, que tiene oposición de la gente y demostrar que no funciona para así entablar una demanda millonaria contra el Estado, basados en los gastos de inversión incurridos.

Juracán sostiene que el Estado no tiene la solvencia económica para enfrentar una indemnización como esta, similar a la demandada por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y que fue favorable para el país. Su preocupación, afirma, es que el Estado no se niegue a pagar, por el alto grado de corrupción e impunidad que se gesta dentro del mismo, señalado en investigaciones de la CICIG.

Las iniciativas son diversas del lado de Guatemala, pero no encuentran suficiente apoyo. El movimiento Winaq, al que pertenece Juracán, impulsa la idea de suspender durante dos años el trabajo minero y que sea el pueblo, en una consulta popular, quien elija si desea o no que se sigan explotando recursos minerales pesados. “No hemos encontrado, lamentablemente, respaldo para promover y avanzar en esta iniciativa”, dice Juracán, pues de los 158 diputados, al menos ⅔ responden a intereses de las grandes transnacionales.

Del lado de El Salvador, el trabajo de la PDDH y organizaciones sociales ha logrado al menos establecer una ruta de trabajo conjunto. Sin embargo, falta mucho por hacer. Cortes sugiere que una de las necesidades que deben tomarse enserio, es que el MARN de El Salvador monitoree los niveles de desechos que se vierten al río y llegan hasta el territorio nacional, es decir un control técnico científico. Además, Rodolfo Calles de Cripdes, señala que el Estado debe diseñar una estrategia más agresiva, para darle seguimiento al tema desde la vía diplomática.

Por el momento Cuevitas, Bendición de Dios, Arenal Pacheco, El Zorrillal, El Javiyal, Bonanza y La Portada son las comunidades más cercanas y afectadas. Estas necesitan, según ambientalistas, investigadores y DDHH, el acompañamiento del Estado, desde la diplomacia y desde el acompañamiento territorial, un desafío para el nuevo Gobierno. Un trabajo articulado para poder mantener una frase que reza la oración a la bandera salvadoreña: “Ríos majestuosos”, donde el papel de espectadores pasivos no llegue a obligar a que sea complementada por “Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro”.

Fuente: https://www.diariocolatino.com/rios-majestuosos-con-arsenico-y-sin-oro/

En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.

El gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Guiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, explica un comunicado emitido a finales de abril. Al tiempo que advierte que tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, las cuales según la ley le corresponde hacer en los dos primeros años de vigencia de la ley.

Aunado a lo anterior, deja conocer la publicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe realizar el retiro de los contenedores con sustancias químicas toxicas que por años han permanecido en la mina San Sebastián.

A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales compartimos las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.

Una de las controversias relacionadas con el agua es el proyecto de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y la amenaza de contaminación del río Ostúa y el Lago Güija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc. en Asunción Mita, Guatemala.

Para las organizaciones que reclaman se haga efectivo este compromiso, es esencial que El Estado establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países El Salvador y Guatemala, para ello es necesario la apertura de un tratado Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de la mina Cerro Blanco en dicha nación vecina y garantizar la sustentabilidad del río Lempa.

Fuente: http://www.radiotemblor.org/?p=14536&fbclid=IwAR1SxtS0z9h9faLNR5gvIm–eHzYt8-nmvkkJ36oYv98QZyt_VzEFTLl2vo

La salvadoreña relata, esta tarde en Marienea, cómo su lucha y la de sus compañeras acabó con una práctica empresarial muy contaminante.

Vidalina Morales será esta tarde la protagonista de la última sesión del Ekozinemaldia en Basauri. Se trata del festival de cine y deuda ecológica organizado por Ekologistak Martxan, Ingeniería sin Fronteras y Sagarrak, que hoy, a las 18.30 horas en Marienea, ofrece el documental «No tenemos miedo». La cinta, de hora y media de duración, narra la lucha de las comunidades del norte de El Salvador contra la explotación minera. A la proyección asistirá esta mujer, protagonista del film y lideresa comunitaria de la resistencia a la minería en el departamento de Cabañas. En pantalla su lucha y la de tantas otras mujeres salvadoreñas en defensa del territorio y de los Derechos Humanos.

–¿Cómo fueron los inicios de la lucha contra la minería?

–En 2004, las comunidades ya combatían contra la implementación de proyectos dañinos para el medio ambiente como un vertedero de basura a cielo abierto o un incineradora de desechos hospitalarios que iban a ir situados a la orilla de nuestro río principal.

–¿Entonces llegaron las minas?

–Eso es. Nos dimos cuenta de que iba a contaminar nuestro entorno y forma de vida.

–Las mujeres fueron las primeras en alzar la voz.

–Nos apropiamos de la lucha porque, a medida que trascurría el tiempo, nos íbamos dando cuenta que los impactos de la minería metálica nos afectaban directamente a nosotras.

–¿De qué manera?

–Somos un país en el que muchos hogares no disponen de agua potable y la mina iba a gastar cantidades inmensas en su producción. La falta de agua nos repercutía porque íbamos a tener que disponer de más tiempo para poder conseguirla. En las reuniones quienes participábamos activamente siempre éramos las chicas.

–Su lucha valió la pena. En marzo de 2017, El Salvador aprobó una ley que prohibe la minería metálica.

–Fue un día histórico.

–¿Cómo lo recuerda?

–Estuve desde los inicios de la lucha y tuve sentimientos encontrados. Me sentía feliz, pero a la vez triste. En el proceso de lucha hubo violencia, amenazas e incluso asesinatos. De hecho, una mujer que conocía muy de cerca fue asesinada estando embarazada de 8 meses.

–Su lucha es inspiradora.

–Creo que sí, aunque debo confesar que cuando la iniciamos nos gobernaba un partido de izquierdas que se posicionó en contra de la minería. Tuvimos suerte, porque cuando hay gobiernos ‘bondadosos con las empresas’ lo único que les interesa es quedar bien con ellas.

–¿Un desafío contagioso?

–Sí. En Guatemala han logrado impedir el desarrollo de proyectos mineros en sus comunidades, pero también ha sido un proceso que les ha llevado a la militarización, a la violencia, a la criminalización. Ha habido muertes también.

Un largo camino

–Pese al logro con la minería, usted no ha pasado de combatir.

–Hoy por hoy luchamos por una ley que permita el derecho al agua como un bien público en calidad y cantidad. En la última década se ha fortalecido la batalla ambiental en El Salvador pero aún queda un largo camino.

–¿Cuáles son los principales problemas que afrontan?

–Nadamos a contracorriente contra las empresas privadas que ejercen presión sobre el gobierno para que se apruebe una ley de privatización del agua.

–Su vida no ha sido tranquila precisamente.

–En los años 80 sufrimos una guerra civil y la comunidad en la que yo vivo fue expulsada de su entorno y tuvo que trasladarse a Honduras. Las condiciones de vida por aquel entonces eran muy precarias. No había acceso al trabajo y había mucha deficiencia en los servicios públicos. Hubo muchas protestas en la calle y el gobierno reaccionó criminalizando y matando muchas personas.

–¿Cuándo regresaron?

– Tras siete años en el exilio, la comunidad pudo volver a Santa Marta y empezamos desde cero, pero eso sí, con organizaciones e instrumentos que habían creado durante ese periodo de tiempo. Ahora Santa Marta es una comunidad que ha sido reconocida por su labor a nivel nacional por su lucha y por toda su historia.

Fuente:https://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/dimos-cuenta-mineria-20190329100059-nt.html

Luego de una larga lucha en la que participaron comunidades, universidades, iglesias, organizaciones comunitarias y ambientalistas, el 29 de marzo de 2017 el Congreso de El Salvador, aprobó la “Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, que prohíbe la exploración, extracción y el procesamiento de minerales en su territorio.

En medio del modelo económico que privilegia las políticas en Centroamérica, la Ley de Minería en El Salvador se convierte en un rayo de esperanza para las comunidades que luchan en contra de proyectos extractivos.

Lucha

Aunque la lucha que llevó a la prohibición comenzó entre el 2004 y 2005, todo el movimiento anti-minería en esa nación tiene sus orígenes a inicios del siglo XX, en el año 1960, cuando varios sectores del país paralizaron los trabajos de extracción minera que se daba en aquella época. Sin embargo, en el 2001, el expresidente Francisco Flores, dio permisos de exploración a la compañía Pacific Rim, que posteriormente fue comprada por Ocean Gold.

Para Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA), es un acontecimiento histórico para toda la región. Lo inédito de El Salvador, es que se logró prohibir la minería en todas sus modalidades (cielo abierto, subterránea, industrial, artesanal), también en todas sus fases (exploración, explotación, procesamiento).

Claves

 A criterio de Serrano, fueron cinco las claves que permitieron prohibir la minería en El Salvador. La primera está en la oposición a la actividad. Es decir, el argumento más importante para oponerse, fue la constatación empírica y científica de que la minería de hoy sigue siendo tan dañina como la de antes. Además de comprobar que no es factor de desarrollo económico para los países, y que no es factor de mejorar el nivel de vida de la población.

Explica que desmontaron la campaña de “minería verde o minería responsable”, impulsada por las empresas extractivas, que buscaban hacer creer a la población que la minería no tenía impacto negativo en la población. Esa campaña fue gradualmente desmontada con estudios de percepción, impacto en la salud y económica de la población, realizados por diversas universidades.

La segunda clave, según Serrano, fue la conciencia y organización de la población. “Sin la validación social es difícil ganar una lucha con esas características. El mayor mérito lo tienen las organizaciones y comunidades afectadas, sobre todo en Chalatenango y Cabañas.

Desde la UCA, en el 2007 se realizó un sondeo de opinión entre la población de los 23 municipios afectados por la minería. En esa encuesta el 62.5% consideró que el país no era apropiado para la minería, y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirán poco o nada con el desarrollo económico. La encuesta se realizó nuevamente en el 2015, y el 79% dijo que el país no era apropiado para la minería, 76% que los proyectos mineros no generaban desarrollo, y el 77% dijo que el Estado debía prohibirlo”.

Serrano dice que los datos de la encuesta, no solo reforzaron la lucha, sino también el litigio internacional.

Una tercera clave fue la conjunción y articulación de diversos actores. La iglesia fue la primera en sacar un comunicado contra la minería en el 2007. Fue fundamental la participación del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Las organizaciones, iglesias evangélicas y sociedad civil, también fueron importantes, además de los actores internacionales.

La situación medioambiental en El Salvador es crítica, con respecto a los demás países centroamericanos.  Es el segundo país más deteriorado ambientalmente del continente. De los 356 ríos que posee, el 90% no tiene agua para consumo humano, y el 10% restante tiene que ser potabilizado con métodos convencionales.

En el 2009, la empresa Pacific Rim, entabló una demanda internacional contra el Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y en octubre del 2016 falló a favor del Estado Salvadoreño. En ese momento, el Fiscal General dijo que era momento de legislar en materia de minería y fue allí donde las organizaciones aprovecharon para presentar la propuesta de ley.

El último punto, pero no menos importante, es el tema de las inversiones. Serrano, asegura que los intereses en juego, en su mayoría no eran de capital nacional, sino transnacional.  Y eso hizo posible que diputados de todos los partidos políticos votaran a favor de la nueva ley.

El académico considera importante que las organizaciones y la población de Centroamérica busquen articular esfuerzos para hacer frente común contra los proyectos extractivos.

Nuevas Luchas

 Ahora mismo en El Salvador se libra una batalla contra la privatización y el reconocimiento del derecho humano al agua. La gran empresa privada argumenta que no quiere privatizar, sin embargo, quieren ser ellos quienes administren el servicio.

El próximo 27 de septiembre realizarán una movilización que será encabezada por miembros de diferentes iglesias. Se aprovechará para presentar más de 100 mil firmas con las que se exigirá a los diputados la aprobación de una Ley de Aguas, que favorezca a toda la población de El Salvador, y no a una pequeña clase económicamente poderosa.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/cinco-factores-clave-para-prohibir-la-mineria-en-el-salvador/

Las alarmas en torno a un posible regreso de la Minería en El Salvador se encuentra sobre la mesa. Y es que el candidato a la presidencia por el partido ARENA Carlos Calleja a recibido el respaldo de magnates de la Minería.

Entre ellos se encuentra Frank Giustra accionista mayoritario de la empresa que demando a El Salvador por $250 millones de dólares. Esto luego que el gobierno avalara una ley para la no explotación minera en nuestro país.

Oceana Gold ahora es Bienestar, S.A de C.V un nombre que se contrapone con su finalidad minera. Y es que en todo el mundo se ha buscado parar la minería de metales, debido a los serios daños ambientales.

Para algunos entendidos en la materia, nuestro país es una mina de la cual se puede sacar mucho provecho explotando sus recursos.

Movimientos para la protección del medio ambiente han denunciado esta posible pretensión.

En el 2015 Giustra junto a Carlos Slim el hombre más acaudalado de México y Bill Clinton ex presidente de los Estados Unidos visitaron El Salvador. La visita de los magnates fue vendida como una oportunidad para los agricultores que se beneficiaron de la ayuda de la fundación Clinton Giustra Enterprise Partnership.

Cabe destacar que el poder económico y político de los tres hombres sirvió para catapultar la candidatura de Calleja. Pese a que en su contienda con el millonario Javier Siman parecía que no daba el ancho, gano las internas. Y de esta manera se convirtió en el candidato oficial a la presidencia por el partido ARENA.

Para muchos la privatización del agua en vital para el regreso de la minería dado que se daña el medio ambiente y con ello el agua. Pero si el Agua está en manos privadas ese problema se saca de la ecuación.

Pese a todo el partido ARENA sigue luchando férreamente para promover y llevar a la realidad la ley del agua que ellos proponen.

Fuente:https://diariolavoz.news/la-privatizacion-del-agua-el-primer-escalon-para-el-regreso-de-la-mineria/