{"id":47226,"date":"2019-08-02T17:51:27","date_gmt":"2019-08-02T17:51:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ocmal.org\/?p=47226"},"modified":"2019-08-02T17:51:27","modified_gmt":"2019-08-02T17:51:27","slug":"en-guatemala-demanda-de-minera-norteamericana-por-caso-la-puya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocmal.org\/en-guatemala-demanda-de-minera-norteamericana-por-caso-la-puya\/","title":{"rendered":"En Guatemala, demanda de minera norteamericana por caso La Puya"},"content":{"rendered":"
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\"\"El 11 de diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates present\u00f3 una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de d\u00f3lares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los pa\u00edses centroamericanos y EEUU.<\/p>\n

El recurso jur\u00eddico refiere al proyecto minero Progreso Derivado VII el cual fue suspendido el 22 de febrero de 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San Jos\u00e9 del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.<\/p>\n

Desde 2011, mujeres, ni\u00f1os y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operaci\u00f3n de la mina en una regi\u00f3n campesina y con escasez de agua en el pa\u00eds centroamericano. A pesar de una campa\u00f1a de criminalizaci\u00f3n y difamaci\u00f3n, y una renovada presencia militar en la regi\u00f3n, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del d\u00eda.<\/p>\n

Para hacer efectivo el rechazo a la mina, los habitantes colocaron un campamento para bloquear el camino a la maquinaria. Sin embargo, diversas denuncias se\u00f1alaron la operaci\u00f3n de la empresa utilizando otras v\u00edas para la extracci\u00f3n de los minerales, incluso despu\u00e9s de la orden de la corte, lo cual deriv\u00f3 en la apertura de una carpeta de investigaci\u00f3n por el delito de explotaci\u00f3n legal.<\/p>\n

Guatemala, con anterioridad, pag\u00f3 249 millones de quetzales (32.4 millones d\u00f3lares) a dos empresas noretamericanas (RDV y TECO) que le demandaron internacionalmente y se abstuvo a suspender los trabajos de la Mina Marlin (propiedad del gigante GoldCorp) para evitar una demanda similar durante el gobierno de \u00c1lvaro Col\u00f3m.<\/p>\n

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El juicio, un abuso m\u00e1s contra las comunidades<\/strong><\/p>\n

El pasado 23 de julio de 2019, durante una citaci\u00f3n realizada a diversos funcionarios de Gobierno, estos no informaron sobre la estrategia que utilizar\u00e1 el Estado guatemalteco en su defensa legal.<\/p>\n

Durante la citaci\u00f3n, realizada por el diputado Leocadio Jurac\u00e1n, la abogada Jennifer Moore del Centro de Estudios Pol\u00edticos, present\u00f3 el estudio \u201cCasino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberan\u00eda de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina usando el arbitraje supranacional\u201d.<\/p>\n

Moore, resalt\u00f3 como estas demandas permiten a las empresas ganar millones de dolores gracias a un sistema unilateral, en el que solo las empresas pueden demandar y quienes dictan sentencias son allegados suyos.<\/p>\n

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Despojo legalizado<\/strong><\/p>\n

El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversi\u00f3n, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Soluci\u00f3n de Controversias Inversionista \u2013 Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/a>. Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberan\u00eda de las naciones. Tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados cuyas decisiones no tienen la obligaci\u00f3n de respetar ning\u00fan precedente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cEs una tergiversaci\u00f3n del concepto de justicia, en donde se permite que empresas interpongan sus intereses mezquinos por encima y sin cumplir con la ley en el pa\u00eds\u201d<\/strong>, expres\u00f3 la abogada.<\/p>\n

En la misma sinton\u00eda, la resistencia pac\u00edfica de La Puya expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el hecho de que proceda una demanda de \u201cesta empresa que a criminalizado, ha alterado la paz social de las comunidades, est\u00e1 atentando contra la vida de los ecosistemas de la zona y la calidad de vida humana\u201d.<\/p>\n

A su vez las comunidades en resistencia pac\u00edfica de La Puya demand<\/a>aron<\/a> \u201cQue declare lesivo el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y lo denuncie tal como se lo permite la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica en el art\u00edculo 183 inciso o)\u201d, pro lo cual actualmente se encuentra sujetos a demandas de arbitraje por cientos de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

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Fuente:https:\/\/avispa.org\/en-guatemala-demanda-de-minera-norteamericana-por-caso-la-puya\/<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\"\"El 11 de diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates present\u00f3 una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de d\u00f3lares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los pa\u00edses centroamericanos y EEUU.<\/p>\n

El recurso jur\u00eddico refiere al proyecto minero Progreso Derivado VII el cual fue suspendido el 22 de febrero de 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San Jos\u00e9 del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.<\/p>\n

Desde 2011, mujeres, ni\u00f1os y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operaci\u00f3n de la mina en una regi\u00f3n campesina y con escasez de agua en el pa\u00eds centroamericano. A pesar de una campa\u00f1a de criminalizaci\u00f3n y difamaci\u00f3n, y una renovada presencia militar en la regi\u00f3n, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del d\u00eda.<\/p>\n

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