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Decisiones de la Corte Constitucional y consultas previas se acaban de frenar proyectos en Marmato y Cerrej\u00f3n. Estos se suman a recientes decisiones de pueblos que han impedido explotar minas y construir hidroel\u00e9ctricas. \u00bfSon justificables?<\/p>\n
Hace una semana, el municipio de Cabrera (Cundinamarca) realiz\u00f3 una consulta popular para decidir sobre la construcci\u00f3n de proyectos mineros o hidroel\u00e9ctricos en una zona de reserva campesina. Del total, 1.465 personas votaron en contra y 23 a favor, con lo cual qued\u00f3 bloqueado un proyecto de Engesa para ejecutar ocho minicentrales sobre el r\u00edo Sumapaz. Algo similar hab\u00eda sucedido el a\u00f1o pasado en Pijao, un municipio de Quind\u00edo que vot\u00f3 contra la explotaci\u00f3n de oro en su territorio y sent\u00f3 un precedente porque un fallo de la Corte Constitucional<\/a> determin\u00f3 que los entes territoriales s\u00ed pueden prohibir la miner\u00eda.<\/p>\n Pero estos no son casos aislados. Tambi\u00e9n hace una semana mineros artesanales ganaron un pulso contra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold por la explotaci\u00f3n de oro en los socavones del cerro El Burro, en Marmato (Caldas). La Corte<\/p>\n Constitucional les dio la raz\u00f3n y orden\u00f3 suspender el trabajo de la compa\u00f1\u00eda mientras realiza una consulta previa. En medio de esta disputa se conoci\u00f3 una demanda de la multinacional contra la Naci\u00f3n por 700 millones de d\u00f3lares, por cambios en las reglas de juego en el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Canad\u00e1<\/a>.<\/p>\n El alto tribunal tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 sobre una acci\u00f3n de tutela de la Comunidad Ind\u00edgena<\/a> Media Luna Dos, en Uribia (La Guajira), contra la Naci\u00f3n y Cerrej\u00f3n por considerar que extraer carb\u00f3n a cielo abierto afecta la salud de los pobladores de los municipios cercanos. Seg\u00fan los magistrados hay pruebas de afectaciones visibles e identificables que el polvillo de este mineral produce en los habitantes de la regi\u00f3n.<\/p>\n Con este fallo entra en revisi\u00f3n la licencia para el plan de Puerto Bol\u00edvar de la compa\u00f1\u00eda para facilitar el transporte y exportaci\u00f3n del mineral. La multinacional sostiene que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n ya que en la zona donde<\/p>\n se va a desarrollar la ampliaci\u00f3n no existe presencia de comunidades \u00e9tnicas, como lo certific\u00f3 el Ministerio del Interior.<\/p>\n Pues bien, los casos anteriores muestran la compleja situaci\u00f3n que vive el sector minero-energ\u00e9tico en Colombia, en el que el rechazo de las comunidades fren\u00f3 grandes proyectos que podr\u00edan llevar desarrollo al pa\u00eds y a las regiones.<\/p>\n Los inversionistas creen que la situaci\u00f3n est\u00e1 pasando de casta\u00f1o oscuro y sostienen que las industrias extractivas est\u00e1n quedando en jaque. Ante la gravedad de los hechos, la Andi<\/a> y siete gremios del sector, entre ellos la Asociaci\u00f3n Colombiana del Petr\u00f3leo (ACP), la Asociaci\u00f3n Colombiana de Miner\u00eda (ACM), Naturgas, Acolg\u00e9n, Andesco, Andeg y Asocodis, le pidieron al gobierno, al Congreso, a las cortes, a los jueces, a los alcaldes y a los gobernadores trabajar<\/p>\n de manera m\u00e1s coordinada para garantizar reglas de juego claras.<\/p>\n Para los empresarios uno de los grandes problemas es la desarticulaci\u00f3n entre las competencias del Estado y las entidades territoriales. Marmato es un ejemplo. En este municipio alrededor de 5.000 familias viven de explotar el oro, un oficio que han practicado durante d\u00e9cadas en socavones en el cerro El Burro.<\/p>\n <\/p>\n<\/div>\n Pero en 2007, tras la llegada de Gran Colombia Gold, que adquiri\u00f3 en este sitio un t\u00edtulo para explotaci\u00f3n, comenz\u00f3 un largo camino para desalojar a los mineros que estaban invadiendo dicho<\/p>\n terreno. Distintas entidades como Ingeominas, la Agencia Nacional de Miner\u00eda y hasta el Tribunal Superior de Manizales respaldaron a Gran Colombia Gold, pero los fallos y las resoluciones nunca se cumplieron y los mineros siguieron en la zona. Aunque como se dijo atr\u00e1s, para sorpresa de la compa\u00f1\u00eda la semana pasada un fallo de la Corte Constitucional ampar\u00f3 los derechos de los mineros, pidi\u00f3 realizar una consulta con las comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes, suspendi\u00f3 la orden de desalojo y orden\u00f3 a Gran Colombia Gold detener la explotaci\u00f3n.<\/p>\n El alcalde de Marmato, Julio Vargas, ha se\u00f1alado que la consulta fue lo primero que debi\u00f3 hacer el gobierno antes de otorgar el t\u00edtulo, pero las autoridades sostienen que han cumplido todos los pasos y que en este caso se est\u00e1n protegiendo actividades de invasores de t\u00edtulos mineros. Si bien los fallos judiciales buscan proteger a las poblaciones vulnerables al medioambiente, lo cierto es que se han vuelto un gran dolor de cabeza para las compa\u00f1\u00edas que no saben a qu\u00e9 atenerse. Por eso los gremios del sector se\u00f1alan que \u201csi Colombia quiere pasar de ser un pa\u00eds de ingreso medio a uno de ingreso alto, debe tomar la decisi\u00f3n clara de crear condiciones justas y previsibles para la actividad empresarial, dentro de las cuales la certidumbre jur\u00eddica juega un papel fundamental\u201d.<\/p>\n En este sentido el presidente de la Andi, Bruce Mac Master<\/a>, considera que con los fallos de las cortes el pa\u00eds puede matar la gallina de los huevos de oro porque este sector es uno de los que m\u00e1s aporta con impuestos y regal\u00edas. Mac Master dice que las empresas que hacen las cosas legalmente est\u00e1n sujetas a toda clase de normas mientras la miner\u00eda ilegal sigue adelante. \u201cSer formal en Colombia se volvi\u00f3 una desventaja competitiva\u201d, anota.<\/p>\n Cabe se\u00f1alar que el sector minero-energ\u00e9tico tiene un alto impacto econ\u00f3mico, a tal punto que responde por cerca del 70 por ciento del total de las exportaciones de Colombia y genera millonarios ingresos. La incertidumbre jur\u00eddica se presenta en momentos en que se recuperan los precios de las principales materias primas -petr\u00f3leo, carb\u00f3n, oro- \u00a0y cuando est\u00e1 en picada la inversi\u00f3n extranjera en el sector, que pas\u00f3 de 8.000 millones de d\u00f3lares a menos de 3.000 millones el a\u00f1o pasado.<\/p>\n Para Santiago \u00c1ngel Urdinola, presidente de la ACM, la situaci\u00f3n est\u00e1 llegando a un nivel cr\u00edtico por la esquizofrenia en las consultas, que se est\u00e1 saliendo de cauce porque siempre aparecen nuevas comunidades que frenan los proyectos por medio de tutelas. \u201cEstamos tocando fondo y se est\u00e1 llegando a un caos y anarqu\u00eda por tanta \u2018consultitis\u2019\u201d, dice.<\/p>\n Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, afirma, por su parte, que es necesario promover un di\u00e1logo al m\u00e1s alto nivel sobre cu\u00e1l es el desarrollo que quiere Colombia y para aclarar de una vez por todas los alcances y l\u00edmites de las consultas, que se est\u00e1n convirtiendo en un poder de veto.<\/p>\n Para ello es necesario que el gobierno tramite una ley estatutaria que incluya un censo de las comunidades que hay en el pa\u00eds que se podr\u00edan ver afectadas con diversos proyectos. Pero inexplicablemente este tema, que debe tramitar el Ministerio del Interior<\/a>, lleva engavetado varios a\u00f1os.<\/p>\n Francisco Jos\u00e9 Lloreda, presidente de la Asociaci\u00f3n Colombiana del Petr\u00f3leo (ACP), tambi\u00e9n ha expresado su preocupaci\u00f3n y sostiene que sin seguridad jur\u00eddica es muy dif\u00edcil que el sector sea competitivo. Pero las comunidades opinan lo contrario y aseguran que por primera vez en muchos a\u00f1os se les reconocen sus derechos y se les est\u00e1 protegiendo de los abusos de algunas compa\u00f1\u00edas que han contaminado sus territorios y afectado su salud, sin ninguna clase de retribuci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n El pa\u00eds tiene un inmenso reto al que le ha venido haciendo el quite en los \u00faltimos a\u00f1os. Debe tratar de conciliar los intereses del sector privado con el respeto a las comunidades y los ecosistemas de las zonas aleda\u00f1as a los proyectos minero-energ\u00e9ticos. Lo peor ser\u00eda cruzarse de brazos mirando c\u00f3mo la miner\u00eda ilegal, que no respeta nada a su paso, gana terreno y se pasa por la faja a las cortes y a las autoridades ambientales y territoriales.<\/p>\n Fuente:http:\/\/www.semana.com\/economia\/articulo\/los-fallos-que-frenaron-proyectos-en-marmato-y-cerrejon\/517345<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hace una semana, el municipio de Cabrera (Cundinamarca) realiz\u00f3 una consulta popular para decidir sobre la construcci\u00f3n de proyectos mineros o hidroel\u00e9ctricos en una zona de reserva campesina. Del total, 1.465 personas votaron en contra y 23 a favor, con lo cual qued\u00f3 bloqueado un proyecto de Engesa para ejecutar ocho minicentrales sobre el r\u00edo Sumapaz. Algo similar hab\u00eda sucedido el a\u00f1o pasado en Pijao, un municipio de Quind\u00edo que vot\u00f3 contra la explotaci\u00f3n de oro en su territorio y sent\u00f3 un precedente porque un fallo de la Corte Constitucional<\/a> determin\u00f3 que los entes territoriales s\u00ed pueden prohibir la miner\u00eda.<\/p>\n Pero estos no son casos aislados. Tambi\u00e9n hace una semana mineros artesanales ganaron un pulso contra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold por la explotaci\u00f3n de oro en los socavones del cerro El Burro, en Marmato (Caldas). La Corte<\/p>\n Constitucional les dio … Sigue leyendo \nDecisiones de la Corte Constitucional y consultas previas se acaban de frenar proyectos en Marmato y Cerrej\u00f3n. Estos se suman a recientes decisiones de pueblos que han impedido explotar minas y construir hidroel\u00e9ctricas. \u00bfSon justificables?<\/p>\n