Captura de pantalla conferencia de prensa 17 de julio 2024. Producción del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum

En conferencia de prensa de hoy miércoles 17 de julio en su casa de campaña de la Ciudad de México, se le preguntó a la virtual Presidenta Electa, sobre el tema de la disputa jurídica que la empresa de origen chino Ganfeng Lithium mantiene con en el gobierno de México por la concesión que hace varios años recibió para la explotación del lito en el estado de Sonora.

La interrogante surge porque en días recientes, de acuerdo con una colega reportera presente en la conferencia de prensa, la empresa china difundió en medios especializados de la prensa internacional el avance que ha registrado este asunto jurídico que mantiene contra … Sigue leyendo →]]> Sobre la disputa jurídica que la empresa Ganfeng Lithium mantiene contra México, sobre una concesión que años previos recibió para explotar el litio, Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta Electa de México añade: “Hay suficientes argumentos (establecidos en esa concesión) para que la concesión no le pertenezca más a esa empresa”

Captura de pantalla conferencia de prensa 17 de julio 2024. Producción del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum

En conferencia de prensa de hoy miércoles 17 de julio en su casa de campaña de la Ciudad de México, se le preguntó a la virtual Presidenta Electa, sobre el tema de la disputa jurídica que la empresa de origen chino Ganfeng Lithium mantiene con en el gobierno de México por la concesión que hace varios años recibió para la explotación del lito en el estado de Sonora.

La interrogante surge porque en días recientes, de acuerdo con una colega reportera presente en la conferencia de prensa, la empresa china difundió en medios especializados de la prensa internacional el avance que ha registrado este asunto jurídico que mantiene contra el gobierno de México.

La respuesta de Claudia Sheinbaum: “Nosotros vamos a mantener esta acción jurídica para que el litio sea para las y los mexicanos, esta concesión que se dio fue tiempo atrás y sobre esta concesión ni siquiera se ha estado trabajando (operaciones mineras en Sonora), entonces las propias condiciones de la concesión establecen que es factible que la concesión sea retirada.

Esa reserva debe ser para las y los mexicanos. Ahora que el litio se ha nacionalizado como lo planteó el Presidente y lo aprobaron los legisladores tiene que ser parte del proyecto del Plan Sonora de Energía.

Independientemente de la explotación de esa concesión, el Plan Sonora tiene un proyecto muy importante sobre el litio.”

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“El litio es para las y los mexicanos”

En un pronunciamiento, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, respaldada por 15 organizaciones, demanda ser escuchada en este arbitraje internacional que inició Almaden Minerals para exigir al gobierno de México el pago de al menos 200 millones de dólares luego que se cancelaron sus concesiones de extracción de oro y plata en esta entidad.

“Solicitamos a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior y al presidente … Sigue leyendo →]]> Almaden Minerals inició un arbitraje contra el gobierno de México por la cancelación del proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, cuyos habitantes solicitan reclamarle por los daños ocasionados.
Gabriela Hernández
PUEBLA, Pue. (apro).– Luego de que la firma canadiense Almaden Minerals inició un arbitraje para exigir al gobierno mexicano una indemnización por la cancelación de su proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, comunidades de ese municipio piden que, a su vez, México exija a la trasnacional que repare el daño que causó al medio ambiente, a los derechos humanos y al tejido social de esas localidades.

En un pronunciamiento, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, respaldada por 15 organizaciones, demanda ser escuchada en este arbitraje internacional que inició Almaden Minerals para exigir al gobierno de México el pago de al menos 200 millones de dólares luego que se cancelaron sus concesiones de extracción de oro y plata en esta entidad.

“Solicitamos a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior y al presidente Andrés Manuel López Obrador) que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero”, reclama.

Esta organización señala que, hasta este momento, las actividades de la empresa canadiense en ese municipio generaron daños a la población, impactos a la salud, al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa.

“Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerals Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”, exponen en este escrito.

Además, la Unión de Ejidos Atcolhua propone que el Tribunal de Arbitraje permita que puedan presentar su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente.

“Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección de los derechos humanos”, agrega.

La empresa, cuya filial es Minera Gorrión, informó que el 27 de junio solicitó un proceso de arbitraje contra el estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que es un mecanismo del Banco Mundial, invocando el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del cual México y Canadá forman parte.

Esto luego de que, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, las cuales fueron autorizadas sin que se realizara consulta previa, libre e informada y sin consentimiento de la comunidad nahua y ejido Tecoltemi.

La empresa ha anunciado que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Shiller Flexner.

La Unión de Ejidos sostiene que el comunicado con el cual la empresa da a conocer este proceso de arbitraje invisibiliza los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas tanto por esa organización a lo largo de diez años de lucha, como por la Evaluación de Impacto a los Derechos Humanos realizada a las comunidades.

Asimismo, recuerda, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas llevaron a cabo estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible en la región.

Este pronunciamiento es respaldado por las organizaciones Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C., Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), la Brigada de Defensa del Territorio Xochilteca, Cambiemos Ya la Ley Minera, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder).

Del mismo modo, firman esta postura el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y Territorio de la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Maseual Altepetajpianij el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Poder, la Organización Independiente Totonaca, el Movimiento Atzin, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Fundar Centro de Análisis e Investigación.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2024/7/19/comunidades-de-puebla-exigen-que-minera-canadiense-pague-por-danos-al-ambiente-333237.html

El bloqueo pacífico en el Cañón de Evans, en el Río Bacoachi, buscaba detener la extracción diaria de más de 60 mil metros cúbicos de agua, una práctica que, según los manifestantes, agota los recursos hídricos locales y afecta seriamente los pozos de la región.

La protesta ha entrado en una nueva fase tras el arribo de seis patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública que solicitaron a los manifestantes levantar el bloqueo y permitir el paso de las pipas. Este enfrentamiento demuestra la creciente frustración de la comunidad ante lo que consideran una explotación injusta de sus recursos naturales por parte de la industria minera. Los activistas locales denunciaron la presencia policial como una muestra de poca tolerancia hacia las protestas civiles legítimas.

«Avisen al pueblo para que vengan a apoyar. Hay seis patrullas … Sigue leyendo →]]> Redacción
10/07/2024
HERMOSILLO – En una protesta contra el consorcio minero Grupo México, ambientalistas y pobladores de Bacoachi bloquearon el camino hacia el río, impidiendo el ingreso de pipas que presuntamente desvían agua para la comunidad hacia la mina Buenavista del Cobre en Cananea.

El bloqueo pacífico en el Cañón de Evans, en el Río Bacoachi, buscaba detener la extracción diaria de más de 60 mil metros cúbicos de agua, una práctica que, según los manifestantes, agota los recursos hídricos locales y afecta seriamente los pozos de la región.

La protesta ha entrado en una nueva fase tras el arribo de seis patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública que solicitaron a los manifestantes levantar el bloqueo y permitir el paso de las pipas. Este enfrentamiento demuestra la creciente frustración de la comunidad ante lo que consideran una explotación injusta de sus recursos naturales por parte de la industria minera. Los activistas locales denunciaron la presencia policial como una muestra de poca tolerancia hacia las protestas civiles legítimas.

«Avisen al pueblo para que vengan a apoyar. Hay seis patrullas estatales», expresaron los manifestantes en redes sociales, grabando el incidente que evidenció la tensión entre la población y las autoridades locales. La Sociedad Ambientalista de Sonora también reportó desde Bacoachi que la comunidad mantenía vigilancia para evitar que las pipas con agua pasaran, permitiendo el tráfico a otros usuarios mientras la protesta continuaba.

Fernando Ramírez, residente de Bacoachi, explicó que el bloqueo se originó debido a la preocupación por el uso indebido del agua local por parte de las operaciones mineras, afectando gravemente la calidad de vida de los habitantes y el equilibrio ambiental de la región.

«La empresa minera, antes de este mes que le comento, por casi tres meses estuvo sacando pipas de 30 mil a 35 mil litros de agua, aproximadamente de 22 a 23 pipas cada quince minutos, del lugar denominado Rancho La Churea», indicó Ramírez.

Durante el periodo de tres meses, se calcula que Grupo México realizó una extracción diaria equivalente a 63 mil 363 metros cúbicos de agua, una cantidad insostenible para el acuífero del Río Bacoachi. Ante la disminución en los pozos de agua potable, los habitantes de Bacoachi y las comunidades de Arizpe, como Chinapa y Buenavista, decidieron plantarse en el Cañón de Evans para impedir que las pipas continuaran circulando.
https://www.infocajeme.com/general/2024/07/bloquean-carretera-en-protesta-contra-grupo-mexico/

Los pobladores de Bacoachi, en el estado mexicano de Sonora, también mencionaron que se deja a miles de habitantes en la región sin agua para consumo humano y actividades productivas, en medio de una de las sequías más extremas en el noroeste de México.

Humberto de Hoyos, vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora, explicó que la sequía provocó que la minera Grupo México agotara sus fuentes de abastecimiento en el ojo de agua de Arbayo, donde nacía el Río Sonora, y también los pozos ubicados en el Río San Pedro, que corre desde Cananea hacia la frontera con Arizona, en Estados Unidos.

“Ahorita en Cananea la población está batallando por el agua, las autoridades nos dicen que lo resolverán en septiembre, ya que pase el calor, pero la minera ya secó al Ejido Zapata y al Ejido Zaragoza, de donde se abastecían, el ojo de agua ya lo secaron por completo, … Sigue leyendo →]]>

MEX3252.CANANEA (MÉXICO), 11/07/2024.- Personal de seguridad vigila la entrada a la Mina Buenavista del Cobre este jueves, en la ciudad de Cananea, estado de Sonora (México). Campesinos y pobladores a las orillas del Río Sonora, norte del país, denunciaron que la minera de Grupo México está despojándolos de 50 millones de litros de agua al día para la explotación de sus yacimientos de cobre, plata y oro. EFE/Daniel Sánchez

12/07/2024
EFE
Imagen: EFE
Campesinos y pobladores a las orillas del Río Sonora, norte de México, denunciaron que la minera Grupo México está despojándolos de 50 millones de litros de agua al día para la explotación de sus yacimientos de cobre, plata y oro.

Los pobladores de Bacoachi, en el estado mexicano de Sonora, también mencionaron que se deja a miles de habitantes en la región sin agua para consumo humano y actividades productivas, en medio de una de las sequías más extremas en el noroeste de México.

Humberto de Hoyos, vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora, explicó que la sequía provocó que la minera Grupo México agotara sus fuentes de abastecimiento en el ojo de agua de Arbayo, donde nacía el Río Sonora, y también los pozos ubicados en el Río San Pedro, que corre desde Cananea hacia la frontera con Arizona, en Estados Unidos.

“Ahorita en Cananea la población está batallando por el agua, las autoridades nos dicen que lo resolverán en septiembre, ya que pase el calor, pero la minera ya secó al Ejido Zapata y al Ejido Zaragoza, de donde se abastecían, el ojo de agua ya lo secaron por completo, entonces ahora se están yendo hacia el sur de Cananea, cuando sus reservas estaban en el Río San Pedro y el Río Sonora”, advirtió.

Protesta y corte de ruta
Para evitar el saqueo de sus recursos hídricos, habitantes de Bacoachi y otros pueblos del norteño estado de Sonora comenzaron un bloqueo del camino en el Cañón de Evan’s, un arroyo desde donde impiden el cruce de las decenas de pipas que diariamente van y vienen con el agua de unos pozos que se ubican en ranchos que compró Grupo México para abastecerse.

De Hoyos aseguró que la empresa minera consiguió de las autoridades mexicanas estatales y federales el permiso para explotar dos pozos, pero están extrayendo el recurso hídrico a través de 24 pozos que trabajan sin parar. “Cuando estaban pasando las pipas, contábamos al menos 80 por hora y trabajan 24 horas al día, la pipa más chica tiene capacidad de 31.000 litros y las más grandes hasta 10.000, entonces calculamos que diariamente se estaban llevando más de 50 millones de litros de agua”, advirtió el vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora.

Los habitantes afectados por la empresa mexicana denunciaron que el consorcio minero cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua en México y la Comisión Estatal del Agua en Sonora. Además, que un convoy de patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública intentó retirar a los ciudadanos inconformes para liberar el bloqueo a las pipas que realizan el saqueo del agua, aún sin un recurso legal para disuadirlos.
La respuesta de la empresa
En respuesta, el consorcio Grupo México negó explotar indebidamente el agua del Río Sonora y a través de un comunicado condenó el bloqueo de los habitantes en la carretera Cananea-Bacoachi.

La empresa asegura que ha documentado la legalidad, sustentabilidad y transparencia en el uso de pozos, con apego a la legislación vigente.

Actualmente, la mina Buenavista del Cobre, que explota Grupo México, suspendió el movimiento de pipas en tanto se resuelve la situación. Sin embargo, la empresa sostiene que poseen facultades legales que les han otorgado las autoridades mexicanas.
https://www.pagina12.com.ar/751585-denuncian-a-una-minera-por-el-saqueo-de-50-millones-de-litro

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México defenderá ante paneles internacionales el derecho de México sobre el litio, esto luego de una queja presentada por la minera china Ganfeng Lithium.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de junio en Palacio Nacional, López Obrador recordó que en su gobierno se llevó a cabo una reforma para que el litio sea propiedad de la nación.

López Obrador refirió que tuvo una reunión con el embajador de China en México, Zhang Run, con quien habló del tema, y le expuso que se debe dar un acuerdo con la compañía de aquel país asiático porque el litio fue nacionalizado en este sexenio.

Lee también Habrá muerte anunciada de la República; en septiembre desaparece el Poder Judicial: Felipe Calderón por reforma de AMLO

“Y no queremos que participen empresas particulares, se puede llevar a cabo una asociación, pero con el predominio del interés … Sigue leyendo →]]> El presidente López Obrador consideró que “no aplica” el reclamo de la minera por la cancelación de concesiones
Foto: Mario Guzmán. EFE
NACIÓN| 27/06/2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México defenderá ante paneles internacionales el derecho de México sobre el litio, esto luego de una queja presentada por la minera china Ganfeng Lithium.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de junio en Palacio Nacional, López Obrador recordó que en su gobierno se llevó a cabo una reforma para que el litio sea propiedad de la nación.

López Obrador refirió que tuvo una reunión con el embajador de China en México, Zhang Run, con quien habló del tema, y le expuso que se debe dar un acuerdo con la compañía de aquel país asiático porque el litio fue nacionalizado en este sexenio.

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“Y no queremos que participen empresas particulares, se puede llevar a cabo una asociación, pero con el predominio del interés nacional, en el caso del litio. Sí vamos a acudir a estos paneles internacionales para defender nuestro derecho”, dijo.

El presidente López Obrador consideró que “no aplica” el reclamo de la minera por la cancelación de concesiones relacionadas con el proyecto de una mina de extracción de litio en Sonora.

“Hay una diferencia en cuanto a unas concesiones de minas de litio en Sonora de unas empresas de origen chino. Se está llevando a cabo un litigio porque nosotros consideramos que el litio es de la nación”, señaló.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-asegura-que-mexico-va-a-defender-su-derecho-sobre-el-litio-tras-queja-de-minera-china/

Foto Emir Olivares y Alonso Urrutia 28/06/2024 Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no aplica el reclamo hecho a nivel internacional por la empresa minera de capital chino Ganfeng Lithium Group por la cancelación de concesiones relacionadas con proyectos para la extracción de litio en Sonora.

En la mañanera de ayer, a pregunta expresa, el mandatario remarcó que el litio es de la nación, por lo que el Estado mexicano acudirá a los paneles internacionales para defender su derecho.

Aclaró que empresas privadas pueden participar en la explotación de este mineral, pero siempre en asociación con el gobierno mexicano en turno, a fin de preservar el predominio del interés nacional.

Hace unos días, la gigante china inició una demanda en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por la cancelación de nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio. Ganfeng Lithium Group busca que México … Sigue leyendo →]]> El presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina del 4 de junio de 2024. Yazmín Ortega Cortés

Foto Emir Olivares y Alonso Urrutia
28/06/2024
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no aplica el reclamo hecho a nivel internacional por la empresa minera de capital chino Ganfeng Lithium Group por la cancelación de concesiones relacionadas con proyectos para la extracción de litio en Sonora.

En la mañanera de ayer, a pregunta expresa, el mandatario remarcó que el litio es de la nación, por lo que el Estado mexicano acudirá a los paneles internacionales para defender su derecho.

Aclaró que empresas privadas pueden participar en la explotación de este mineral, pero siempre en asociación con el gobierno mexicano en turno, a fin de preservar el predominio del interés nacional.

Hace unos días, la gigante china inició una demanda en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por la cancelación de nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio. Ganfeng Lithium Group busca que México compense por los daños derivados de las que alega son violaciones a los tratados bilaterales de inversión entre nuestro país y China, además que se paguen intereses y todos los costos y honorarios del arbitraje relevantes.

Interrogado sobre este arbitraje, el titular del Ejecutivo remarcó: Hay una diferencia en cuanto a unas concesiones de minas de litio en Sonora de unas empresas de origen chino. Se está llevando a cabo un litigio porque nosotros consideramos que el litio es de la nación.

Refirió que en sexenios anteriores se entregaron éstas y otras concesiones, pero acotó: Nosotros consideramos que se entregó de manera genérica, no en específico para el litio, sino para la minería, y pensamos que no aplica el que se esté haciendo este reclamo. Vamos a buscar arreglo.

Comentó que hace unos meses tuvo una reunión con el embajador de China en México, Zhang Run, con quien habló del tema –pues la cancelación se dio a finales del año pasado– y le expuso que se debe dar un acuerdo con la compañía de aquel país asiático, porque el litio fue nacionalizado en este sexenio.

No queremos que participen empresas particulares. Sí puede llevarse a cabo una asociación, pero con el predominio del interés nacional, en el caso del litio. Sí vamos a acudir a estos paneles internacionales para defender nuestro derecho, subrayó.
https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/28/economia/reclamo-de-empresa-china-por-el-litio-no-aplica-amlo-775

LONDRES, REINO UNIDO. – Por segunda ocasión en la historia, un grupo de campesinos del ejido El Bajío encaró al consejo de Administración de Fresnillo PLC, presidido por el multimillonario Alejandro Baillères.

Los campesinos viajaron hasta Londres, Reino Unido, para exponer ante los accionistas de la minera el incumplimiento que la empresa ha hecho de 67 sentencias que la obligaron a abandonar la tierra de los ejidatarios de El Bajío, y a restituirles todo el oro que extrajeron ilegalmente del territorio, una suma que se estima en más de 347.6 millones de dólares.

Lo hicieron acompañados de las organizaciones Transform Trade, London Mining Network y ShareAction, las cuales vigilan el actuar de las empresas que cotizan en la Bolsa de … Sigue leyendo →]]> 26/05/2024
Durante la asamblea anual de accionistas de Fresnillo PLC, ejidatarios de El Bajío cuestionaron a los directivos del consejo de administración de la minera, entre ellos Alejandro Baillères, a quienes acusaron de mentir e incumplir las 67 sentencias que les ordenan devolver el oro extraído ilegalmente del desierto de Sonora
Texto y fotos: Alejandro Ruiz

LONDRES, REINO UNIDO. – Por segunda ocasión en la historia, un grupo de campesinos del ejido El Bajío encaró al consejo de Administración de Fresnillo PLC, presidido por el multimillonario Alejandro Baillères.

Los campesinos viajaron hasta Londres, Reino Unido, para exponer ante los accionistas de la minera el incumplimiento que la empresa ha hecho de 67 sentencias que la obligaron a abandonar la tierra de los ejidatarios de El Bajío, y a restituirles todo el oro que extrajeron ilegalmente del territorio, una suma que se estima en más de 347.6 millones de dólares.

Lo hicieron acompañados de las organizaciones Transform Trade, London Mining Network y ShareAction, las cuales vigilan el actuar de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres para identificar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas en los países donde desarrollan su actividad económica.

Ante el consejo de administración, Jesús Thomas, ejidatario del ejido El Bajío, reclamó contundentemente a la asamblea: “Ustedes sólo respetan la ley cuando les beneficia”. Y no parece estár equivocado.
Las omisiones en el reporte de Fresnillo PLC

En 2013, 67 campesinos de El Bajío demandaron a Penmont (minera filial de Fresnillo PLC) ante el Triunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. Acusaron despojo y daños ambientales causados por la invasión ilegal de su territorio para la explotación minera.

El juicio se resolvió en noviembre de 2014, y sentenció a la minera a abandonar el ejido y regresar el oro que extrajo ilegalmente a los campesinos. Desde ese año se han desprendido 67 sentencias, todas a favor de los ejidatarios, ratificadas desde ese mismo año. La minera no ha cumplido ninguna, pues aunque fue desalojada por la fuerza del territorio ejidal, no ha restituido el oro saqueado a los ejidatarios.

La muerte también ha llegado al ejido, pues desde que los ejidatarios de El Bajío emprendieron su lucha, les asesinaron a tres compañeros: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega. También, desaparecieron a Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y enfrentaron la detención arbitraria de 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Actualmente, un grupo de exejidatarios asesorados por abogados cercanos a la minera y el crimen organizado demandó a otros integrantes de El Bajío.

Pese a esto, al ser cuestionados durante la asamblea del consejo de administración, los ejecutivos de Fresnillo PLC omitieron hablar de esto.

En la asamblea, Richard Solly, integrante de la London Mining Network, preguntó sobre el incumplimiento de las sentencias. La respuesta la dio el director ejecutivo de Fresnillo PLC, Octavio Alvídrez, y no el presidente de la compañía, Alejandro Ballères. Alvidréz respondió con vaguedades, enlistando algunas de las acciones sociales que la minera realiza en otras partes del país. Sobre el ejido El Bajío, Alvídrez solo lamentó “la división en dos grupos que pelean por intereses distintos”.

Ante esto, Solly reclamó: “Gracias por sus respuestas. Contestó cosas muy interesantes a preguntas que yo no hice. Yo me refería a tres juicios legales en específico que hay en contra de la compañía y de esos al menos uno, entiendo, no puede apelarse”.

Los juicios a los que hizo referencia Solly son el 188/2009, del 11 de noviembre de 2011; el 536/2013, del 9 de junio de 2014; y el 297/2019 del 26 de enero de 2022. Todos en materia agraria.

Además de esta pregunta, Solly cuestionó que Alvídrez respondiera, pues formalmente no es un miembro de la junta directiva de Fresnillo PLC. Alvídrez sólo respondió lo último:

“En la práctica, yo soy un miembro de la junta, aunque no tenga la nominación, participo activamente en todas las decisiones que la junta determina. Estoy considerado un miembro de la junta en términos prácticos».

Posterior a esto, Fiona Gooch, de la organización Transform Trade, cuestionó al consejo administrativo de Fresnillo PLC sobre el incumplimiento de las sentencias, además de inconsistencias en sus reportes financieros. De nuevo, Alvídrez respondió:

“Nosotros somos transparentes en todo ese sentido. Y, como mencioné, confiamos al 100 por ciento en que las autoridades llegarán a cualquier resolución final. Y, cualquiera que sea, nosotros la cumpliremos al 100 por ciento con esa resolución final. Así como lo hicimos cuando en 2013 le regresamos la tierra a los ejidatarios de El Bajío. Y debo mencionar algo en particular, porque no fue a todos los miembor sde El Bajío, sino a la familia Cruz”.
Octavio Alvídrez, director ejecutivo de Fresnillo PLC

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue contradictoria. Jesús Thomas precisó en la misma asamblea:

“Hay un grupo de cuatro pesonas, y hay un grupo de 70 personas. Esa es la división; y las cuatro personas (los Cruz) están trabajando de la mano con los abogados de la empresa”.

Además de esto, otro dato que la minera no reconoce es que la restitución del oro que ordenan las sentencias no son hacia la familia Cruz, sino para la Asamblea del ejido El Bajío.

Sobre esto último, Octavio Alvídrez se limitó a resumir el conflicto a “diferentes puntos de vista”.
Fresnillo PLC miente a accionistas en Londres

De acuerdo con un reporte de S&P Capital IQ en posesión de Pie de Página, en 2022 Fresnillo PLC reportó que su mina de Soledad y Dipolos se encontraba operando, pero bajo el estado de mantenimiento y cuidado. Ese mismo año, la empresa reportó que el valor de sus reservas in-situ fue de 2 mil 811.9 millones de dólares.

Este reporte demuestra que, aún con las 67 sentencias en su contra, Fresnillo PLC sigue reportando ganancias en esta mina, aunque ya no opera más. Inclusive, en 2023 el área fue catalogada como Área Natural Protegida.

Esta información fue corroborada por Octavio Alvídrez a pregunta expresa de este reportero. Posteriormente, Fiona Gooch, de Transform Trade, cuestionó el por qué esto no aparece en los reportes anuales de Fresnillo PLC, y también por qué no aparece un monto designado para el cumplimiento de la sentencia.

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue vaga: “Bueno, esa es su opinión, y yo no la discutiría. También tenemos una visión legal con un proceso legal departamental. Como mencioné antes, y lo seguimos haciendo, cumplimos el 100 por ciento de la normativa. No sólo lo que tenemos en México, sino los estándares internacionales también. Por supuesto que este proceso legal está en las regulaciones de México y nosotros cumplimos con eso al 100 por ciento”.

El contexto de esta pregunta, apuntó Gooch, es porque en la Asamblea General Anual, se comparten los datos administrativos de los activos de Fresnillo PLC, empresa que cotiza y obtiene beneficios de la Bolsa de Valores del Reino Unido. Omitir un reporte de esta naturaleza podría acarrear una sanción administrativa, e inclusive la expulsión de la Bolsa.
Las consecuencias: Fresnillo PLC en la mira

Desde tiempo atrás, los ejidatarios de El Bajío han impulsado una campaña para que el gobierno del Reino Unido sancione a la empresa de la familia Baillères. Esto, de acuerdo a Jesús Thomas, «es porque en México no nos hacen caso».

En su travesía, además de contar con el apoyo de las organizaciones ya mencionadas, los ejidatarios se reunieron con el político laboralista, Fabian Hamilton, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, quien ya presentó ante las autoridades mexicanas una moción por el caso del ejido El Bajío.

Las autoridades mexicanas, sin embargo, no han hecho caso a esto, pues la ejecución de las 67 sentencias sigue en espera.

Además de esto, la Corporate Justice Coalition, una red de 68 organizaciones, comentó en entrevista que casos como este pueden ser sancionados por las leyes vigentes en el Reino Unido, ya sean en materia financiera, fiscal, o administrativa.

Aunado a ello, esta coalición, explicó su directora Eleonor Rosenbach, impulsa una nueva ley que permitirá sancionar penalmente a empresas con capital inglés o que coticen en los mercados financieros del Reino Unido si no respetan leyes ambientas y de respeto a los derechos humanos en los lugares donde operan.

De aprobarse, esta legislación podría traer consecuencias a empresas como Fresnillo PLC, que además de incumplir las sentencias en su contra, ha propiciado asesinatos, desapariciones y amenazas contra los ejidatarios que se oponen a la mina.

Actualmente la propuesta de ley cuenta con 120 mil firmas de personas que apoyan la iniciativa.

Alejandro Ruiz

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

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Los pescadores locales ayudaron a detener la minería submarina frente a la costa de Baja California, México, en 2018 para resguardar su lecho marino, pero entonces se puso en marcha un oscuro proceso legal internacional.

Cuando apareció por primera vez, parecía una ciudad flotante. Durante meses, en el verano de 2012, el barco permaneció allí: una presencia imponente y confusa frente a la costa del Pacífico de Baja California Sur.

Florencio Aguilar estaba preocupado. Un extraño entre las olas era una amenaza. Como muchos otros habitantes de los pequeños pueblos pesqueros de San Juanico, Las Barrancas y otros del noroeste de México, Aguilar depende para su subsistencia de las langostas, pulpos y abulones que prosperan aquí. Sus aguas prístinas son también el hogar de tortugas marinas en peligro de extinción, un criadero de ballenas grises gigantes y un imán para los surfistas, que acuden aquí en masa para cabalgar algunas de las olas más largas … Sigue leyendo →]]> Pescadores ayudaron a detener la minería submarina en Baja California, México, para preservar su lecho marino.
Laura Paddison 04(02/2024

Los pescadores locales ayudaron a detener la minería submarina frente a la costa de Baja California, México, en 2018 para resguardar su lecho marino, pero entonces se puso en marcha un oscuro proceso legal internacional.

Cuando apareció por primera vez, parecía una ciudad flotante. Durante meses, en el verano de 2012, el barco permaneció allí: una presencia imponente y confusa frente a la costa del Pacífico de Baja California Sur.

Florencio Aguilar estaba preocupado. Un extraño entre las olas era una amenaza. Como muchos otros habitantes de los pequeños pueblos pesqueros de San Juanico, Las Barrancas y otros del noroeste de México, Aguilar depende para su subsistencia de las langostas, pulpos y abulones que prosperan aquí. Sus aguas prístinas son también el hogar de tortugas marinas en peligro de extinción, un criadero de ballenas grises gigantes y un imán para los surfistas, que acuden aquí en masa para cabalgar algunas de las olas más largas del mundo.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-1Surfistas en San Juanico, uno de los lugares con las olas más largas del mundo. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

Aguilar tachó las posibilidades: el enorme barco no era uno de los buques de investigación que bordean la costa de Baja California para estudiar la rica vida marina, y no se parecía a uno de los grandes buques pesqueros que a veces vienen a recoger camarones.

La noticia le llegó a través de unos compañeros pescadores. El barco pertenecía a la empresa Odyssey Marine Exploration, con sede en Florida, que había obtenido una concesión en una enorme zona del fondo marino mexicano para extraer fosfato, ingrediente clave de los fertilizantes comerciales.

Aguilar estaba horrorizado. El proyecto, que podría suponer el dragado durante 50 años, se solapaba directamente con la concesión pesquera de la cooperativa Puerto Chale, una alianza que él dirige de más de 120 pescadores cuyas familias han vivido de estas aguas durante generaciones. “El dragado constante acabaría con la vida marina y con toda la vida de nuestro sector pesquero”, afirma Aguilar.

El descubrimiento fue sólo el principio, el detonante de años de desorganización mientras Aguilar y la cooperativa luchaban contra una mina que consideraban una amenaza existencial. Hubo airadas reuniones públicas, acusaciones de corrupción, llamamientos al presidente mexicano.

Por fin, seis años después, en 2018, el gobierno mexicano clausuró la mina porque los posibles impactos medioambientales serían demasiado perjudiciales. Aguilar y la comunidad lo celebraron. Por una vez, su historia parecía contradecir la tendencia de las empresas mineras a pisotear a las pequeñas comunidades que se interponen en su camino.

Pero Odyssey tenía un as bajo la manga.

En 2019, demandó a México. Para ello, utilizó una oscura herramienta del derecho internacional llamada solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas eludir los tribunales nacionales. De repente, el destino de esta mina en el fondo del mar importaba mucho más allá de esta costa bordeada por el desierto. La demanda de Odyssey había abierto una ventana a un sistema jurídico opaco, con el poder de debilitar fatalmente la capacidad de los países para proteger su propio medio ambiente, justo cuando el mundo se tambalea al borde del colapso climático y de la biodiversidad.

La empresa

Irónicamente, teniendo en cuenta el impacto que podría acabar teniendo en la minería mundial, Odyssey nunca ha explotado una mina. Sus orígenes se remontan a un tipo muy distinto de extracción de los fondos marinos: se creó en 1994 como empresa de caza de embarcaciones naufragadas.

“Odyssey dirigió su atención a una nueva industria: el mundo potencialmente lucrativo de la minería de los fondos marinos”.

Los dos fundadores, Greg Stemm, expublicista, y John Morris, expromotor inmobiliario, ya tenían una larga trayectoria en el negocio. Ese mismo año, se enfrentaban a acusaciones de fraude y uso de información privilegiada en relación con su anterior empresa, por haber falseado el valor de un naufragio en los Cayos de Florida. (En 1997 superaron con éxito las acusaciones).

La década siguiente la pasaron rastreando el océano en busca de naufragios más valiosos, y en 2007 dieron con el premio gordo: 17 toneladas de monedas de plata y oro, valoradas en cientos de millones de dólares, halladas en un naufragio de la costa portuguesa del Algarve. Odyssey bautizó el barco como Cisne Negro, sacó las monedas a la superficie, las cargó en cubetas de plástico y las llevó en avión a Florida.

España protestó. Dijo que el Cisne Negro era una de sus fragatas, hundida por los británicos en 1804 con más de 200 tripulantes, y afirmó que el tesoro pertenecía legalmente a España. En 2012, los tribunales estadounidenses le dieron la razón, obligando a Odyssey a devolver las monedas y a pagar un millón de dólares (17 millones 147 mil pesos) a España en lo que un juez calificó como “una campaña centrada en la mala fe, engaño y fraude que impregnó este litigio desde el principio”.

A medida que aumentaban los riesgos de la caza de naufragios, las leyes eran más estrictas y los inversores disponían de menos dinero, Odyssey centró su atención en una nueva industria en la que podía aprovechar sus especializados conocimientos oceánicos: el mundo potencialmente lucrativo de la minería de los fondos marinos.

El periodista

Cuando los rumores sobre la mina submarina de Odyssey llegaron por primera vez a oídos de Carlos G. Ibarra, periodista residente en La Paz, capital de Baja California Sur, sospechó de inmediato.

Sentado en un concurrido bar frente al mar en La Paz en una sofocante tarde de septiembre, Ibarra explica que ha vivido toda su vida a la sombra de las minas. Pasó su infancia en un pueblo salinero y su carrera adulta como reportero, cubriendo el impacto de las empresas mineras aquí.

Al principio, los rumores eran vagos. No sabía exactamente dónde se ubicaría la mina submarina, ni nada sobre la empresa. Entonces leyó un informe para inversores que disparó su curiosidad.

Escrito en 2013 por Ryan Morris, fundador del fondo de cobertura estadounidense Meson Capital, el informe era muy crítico. Morris afirmaba que, desde el año 2000, los ejecutivos y directivos de Odyssey habían recibido 20 millones de dólares (342 millones 947 mil pesos) en compensaciones en efectivo, pero habían registrado pérdidas por valor de 180 millones (3 mil 86 millones 530 mil pesos). “Creemos que el propósito de (Odyssey) es servir de vehículo para que sus integrantes vivan una vida de glamour cazando en el océano mientras sus decepcionados inversores pagan las factura”, concluía el informe.

Un portavoz de Odyssey rechazó el informe por contener “errores de hecho, información incompleta y conclusiones erróneas”. Pero para Ibarra fue una señal para seguir indagando. Se puso en contacto con Aguilar, que le instó a seguir investigando el proyecto minero. Ibarra habló entonces con funcionarios del gobierno y comprobó los permisos que Odyssey había solicitado.

Descubrió que la empresa había obtenido una concesión a 50 años sobre casi 270 mil hectáreas de lecho marino a través de una filial mexicana, Exploraciones Oceánicas. Cuando Odyssey declaró entonces que había encontrado uno de los yacimientos de fosfato más importantes del mundo, más de 580 millones de toneladas, suficientes, según la empresa, para satisfacer la mayor parte de las necesidades de fertilizantes de Norteamérica durante 100 años, a Ibarra se le encogió el corazón y empezó a escribir sobre ello para cualquiera que quisiera publicarlo.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-2Orgullosos de la costa que les ha alimentado durante generaciones, los habitantes de San Juanico limpian la playa. Foto: Laura Paddison/The Guradian.org

La mina

Ibarra sabía perfectamente cómo se iba a presentar la mina a la comunidad. La narrativa empresarial de los proyectos extractivos tiende a seguir un camino trillado: el recurso desempeña un papel vital para la humanidad, su explotación beneficiará a la comunidad local y no habrá daños medioambientales permanentes.

Odyssey no fue diferente. Afirmaba que el fertilizante garantizaría la autosuficiencia alimentaria de México y prometía puestos de trabajo y millones de dólares para México a través de los ingresos fiscales y el desarrollo económico.

La empresa también tenía un argumento medioambiental. La mayor parte del fosfato se extrae arrasando tierra. Extraerlo de debajo de las olas sería más sostenible.

“Ningún proyecto de extracción de fosfato en el fondo del mar ha salido adelante. Nueva Zelanda rechazó una propuesta similar”.

La empresa explicó que sus grandes buques dragarían el fondo marino, separarían el fosfato en cubierta y bombearían el material no deseado que, según dijo, estaría compuesto por sedimentos “inalterados” de vuelta a los surcos del lecho marino.

A diferencia de la minería de aguas profundas, que consiste en extraer minerales a 6 km de profundidad en aguas internacionales, esta mina se ubicaría en las aguas menos profundas de la plataforma continental de México. Este tipo de minería de fondos marinos se presenta a veces como preferible desde el punto de vista medioambiental porque las aguas costeras se conocen mejor que las profundas.

Pero, aunque las aguas menos profundas carezcan de los misterios de las llanuras abisales del océano, albergan frágiles ecosistemas rebosantes de vida.

Odyssey declaró a The Guardian que los proyectos de explotación minera de fondos marinos pueden “ofrecer una oportunidad limpia, sostenible y económica de obtener minerales muy necesarios”, y que el proyecto “emplearía medidas exhaustivas para limitar el impacto ambiental”.

Sin embargo, algunos expertos afirman que nadie sabe a ciencia cierta qué efectos podrían tener las columnas de sedimentos que se levantan al dragar, ni el ruido, ni cuántos organismos podrían ser absorbidos junto con el fosfato. Tampoco saben con qué rapidez pueden repararse los fondos marinos costeros.

Nunca se ha llevado a cabo ningún proyecto de extracción de fosfato en el lecho marino. En 2015, la Autoridad de Protección del Medio Ambiente de Nueva Zelanda rechazó una propuesta similar por considerar que causaría “efectos adversos significativos y permanentes”. Más recientemente, los intentos en Namibia se han estancado en medio de una fuerte oposición.

“La minería siempre destruirá parte de un hábitat”, afirma Laura Kaikkonen, científica marina de la Universidad de Helsinki que ha investigado la minería en aguas poco profundas. “No es una solución fácil obtener minerales sólo porque sea en zonas poco profundas”.

Aguilar va más allá. En un somnoliento domingo de septiembre en Las Barrancas, sentado en una construcción de hormigón adosada al lateral de una casa, con las gafas de sol bien metidas en su camisa morada clara, explica que detener la mina es una cuestión de supervivencia.

“Tenemos una gran masa de agua en la península, y cuando se envenene, porque así es como lo describimos, obviamente se acabarían los ingresos de la pesca y el progreso”, afirma.

Odyssey dijo que las referencias al envenenamiento eran “incorrectas”, y que las operaciones mineras “no interferirían con las operaciones pesqueras”. También señaló el apoyo de otras organizaciones pesqueras regionales.

Pero, durante la última década, Aguilar y la cooperativa se han negado a dar marcha atrás, luchando contra la mina en consultas públicas y reuniéndose con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con pancartas de protesta cuando visitaba la región.

Ha sido un camino accidentado. En 2014, Odyssey señaló a Aguilar e Ibarra en una denuncia penal, algo que Ibarra descubrió cuando leyó un artículo en el periódico El Sudcaliforniano, por parte de un representante de la filial de Odyssey, Exploraciones Oceánicas. Los llamó “pseudoambientalistas” y los acusó de extorsión y de “atentar contra el consumo y la riqueza natural” por resistirse a la mina, delitos que pueden acarrear penas de hasta 10 años de cárcel.

“Dijeron que éramos los culpables de su no aprobación y de una pérdida financiera de millones de dólares”, afirma Aguilar.

“Era una estrategia de intimidación”, añade Ibarra.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-3Miembros de la cooperativa pesquera de Puerto Chale se reúnen para luchar contra la amenaza de la mina. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

Un portavoz de Odyssey declaró que “emprendió las acciones legales oportunas para defenderse de un intento de extorsión”, y que no pretendía “intimidar ni disuadir a la oposición al proyecto”. Tanto Aguilar como Ibarra rechazan enérgicamente las acusaciones de extorsión y, aunque finalmente se les comunicó que no se interpondría ninguna demanda, en el caso de Ibarra la tensión le hizo abandonar prácticamente el periodismo durante años.

Pero durante un tiempo, el calvario pareció haber merecido la pena. Dos veces el gobierno mexicano rechazó el permiso minero, una en 2016, y otra, definitivamente, en 2018, diciendo que la mina “pretendía dragar ininterrumpidamente el fondo marino” de un lugar “que constituye un tesoro natural y de suma importancia para México y el mundo”.

“Nos sentimos muy satisfechos”, dice Aguilar, pero añade: “Sabíamos que era sólo un descanso y no la victoria total”.

No le faltaba razón. En 2019, Odyssey demandó al propio México por miles de millones de dólares: los hipotéticos beneficios futuros de la mina.

El caso

ISDS (solución de controversias inversor-Estado) es un acrónimo tan insulso que casi parece deliberado, teniendo en cuenta el poder que ostenta. La descripción más benigna es la de un sistema que ofrece a las empresas una forma de protegerse si el país donde operan hace algo que perjudique su inversión.

Sus defensores afirman que el ISDS, que no es una ley única, sino un sistema establecido a través de cláusulas en más de 3 mil acuerdos comerciales y tratados de inversión, es beneficioso para todos, ya que tranquiliza a las empresas a la vez que incentiva la inversión en los países en desarrollo. Pero otros creen que se ha convertido en un proceso legal hermético que permite a las empresas pasar por encima de las leyes medioambientales, climáticas y de derechos humanos de los países.

Es “el salvaje oeste del derecho internacional”, afirma George Kahale III, abogado especializado en arbitraje internacional y presidente del bufete Curtis de Nueva York.

En el caso de Odyssey, la empresa alegó que México había vulnerado sus derechos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al tomar lo que calificó de decisión políticamente motivada de rechazar la mina, haciendo caso omiso de las pruebas científicas. Afirmó que se había destruido el valor de su inversión, así como sus beneficios futuros, y exigió 3 mil 540 millones de dólares (60 mil 702 millones de pesos), que posteriormente se redujeron a 2 mil 360 millones de dólares (40 mil 468 millones de pesos).

El proceso de las demandas ISDS es opaco. Las audiencias no se celebran en los tribunales, sino en salas de reuniones de, por ejemplo, el Banco Mundial, centros de conferencias u hoteles. Las reclamaciones las decide un panel de tres árbitros: uno elegido por la empresa, otro por el Estado y otro de mutuo acuerdo. Las decisiones no pueden apelarse, sólo anularse en circunstancias muy limitadas.

Kahale lo califica como una “caricatura de sistema jurídico” que ha sido “interpretado sistemáticamente de forma más expansiva en contra de los países receptores de la inversión a favor de los inversores”. (Recientemente, el Gobierno mexicano le ha encargado que le ayude con las demandas ISDS, pero no está implicado en el caso de Odyssey).

Desde la década de 1990, el volumen de estos casos se ha disparado. Según Jen Moore, miembro asociado del grupo de reflexión estadounidense Institute for Policy Studies, aproximadamente el 60% de las demandas las presentan empresas con sede en países ricos, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, contra países de bajos recursos. Una cuarta parte de todas las demandas conocidas han sido presentadas por empresas petroleras, gaseras y mineras.

Además de proteger a las empresas de la expropiación física de sus activos, estos tratados de comercio e inversión también las protegen de la “expropiación indirecta”. Las empresas suelen recurrir al ISDS cuando un país rechaza sus proyectos por amenazar los derechos humanos, el clima o el medio ambiente.

“Las empresas mineras a menudo ni siquiera han sido capaces de poner una pala en el suelo, pero luego presentan estas demandas escandalosas”, dice Moore. Lo llama “minería para obtener beneficios a través del arbitraje”.

“Las empresas están ganando. En 2016, un tribunal de arbitraje condenó a Venezuela a pagar mil 200 millones de dólares (20 mil 577 millones de pesos) más intereses”.

A medida que ha aumentado la frecuencia de las demandas, también lo han hecho las cuantías. El caso de Odyssey, donde una inversión relativamente pequeña ha dado lugar a una reclamación de más de 2 mil millones de dólares (34 mil 294 millones de pesos), ya no es anormal, dice Kahale. Algunas empresas de inversión incluso financian a empresas para que lo hagan, a cambio de una parte de la indemnización: La propia demanda de Odyssey está siendo financiada por el fondo de cobertura Poplar Falls.

Y las empresas están ganando. En 2016, un tribunal de arbitraje ordenó a Venezuela pagar mil 200 millones de dólares (20 mil 577 millones de pesos) más intereses, una cantidad enorme para un país que se enfrenta a la crisis, a una empresa minera canadiense, Crystallex, después de que Venezuela denegara los permisos para una mina de oro en una reserva forestal nacional, alegando preocupaciones por el medio ambiente y los pueblos indígenas. Crystallex alegó que Venezuela había expropiado la mina.

Este tipo de cosas provocan un “escalofrío político”, afirma Moore. En Guatemala, por ejemplo, las solicitudes de libertad de información al parecer mostraron que el gobierno citaba la amenaza de procedimientos ISDS como razón para no suspender otra mina de oro de propiedad canadiense, a pesar de que los grupos de derechos humanos decían que violaba los derechos indígenas.

En estos casos, la mera amenaza de arbitraje puede servir de “palanca política”, afirma Carla García Zendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional (Ciel).

Odyssey afirmó que sus procedimientos de arbitraje “no son oscuros ni secretos” y añadió que no ha utilizado el arbitraje como “amenaza” ni para ejercer presión política. “Odyssey utilizó la única herramienta que le quedaba disponible para intentar hacer frente a la acción ilegal de México y proteger su importante inversión en México y los intereses de sus accionistas”, afirmó la empresa.

Sin embargo, para muchos expertos, la ISDS no podría ser más oscura y secreta. Los procedimientos son literalmente a puerta cerrada, señala Moore. “El arbitraje es algo esotérico” para la mayoría de la gente, señala, al tiempo que proporciona “una forma conveniente de ocultar el hecho de que una empresa está tratando de doblarle la mano al gobierno”.

La comunidad

Para Aguilar, el ISDS también significa dejar fuera a comunidades locales como la suya. La cooperativa de Puerto Chale lo descubrió cuando, con la ayuda de Ciel, pidió testificar ante el panel del ISDS sobre cómo les afectaría la mina. Su petición fue rechazada en diciembre de 2021 por la mayoría del panel, dos personas, que dictaminó que la cooperativa “no tenía un interés significativo” en la disputa porque Odyssey busca una compensación, no un nuevo permiso.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-4El gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, habla en rueda de prensa de su batalla contra Odyssey. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

El árbitro discrepante, el abogado medioambiental Philippe Sands, emitió un duro reproche a la decisión, calificándola de “profundamente lamentable” y escribiendo que “sólo serviría para debilitar las percepciones en cuanto a la legitimidad de estos procedimientos”. “Nos sentimos desprotegidos”, afirma Aguilar.

Zendejas señala que es habitual que las comunidades donde se ubican los proyectos no tengan voz en los procedimientos. “Es un sistema en el que las comunidades no son bienvenidas”. Añade que nada impide que Odyssey y México discutan un acuerdo que podría dejar la puerta abierta a una segunda revisión del permiso minero.

El futuro

Lo que está ocurriendo en Baja California Sur se sigue de cerca en otras partes del mundo.

A casi 8 mil kilómetros de distancia, en el Pacífico Sur, el gobierno de la isla de Cook ha concedido una licencia de exploración a una empresa llamada CIC para que investigue la extracción de nódulos similares a la papa que contienen cobalto y otros metales utilizados en la economía ecológica.

Odyssey es inversor en CIC y recibe una remuneración por los servicios que presta. ¿El fundador de CIC? Greg Stemm, de Odyssey.
Una idílica escena en San Juanico, en la costa noroeste de México, pero ¿qué nos depara el futuro?

Algunos defensores del medio ambiente temen que las Islas Cook se muestren reacias a rechazar una futura mina en el fondo marino por miedo a una demanda multimillonaria como la de Odyssey en México. “Se trata de una empresa a la que se denegó un permiso medioambiental para explotar una mina en México y ahora nos demanda”, afirma Kelvin Passfield, de Te Ipukarea Society, una organización medioambiental sin fines de lucro de las Islas Cook.

La demanda de Odyssey en México “es una advertencia”, sostiene Duncan Currie, abogado internacional de la Deep Sea Conservation Coalition. Afirma que los países que conceden permisos de exploración de los fondos marinos, sobre todo a empresas que ya han demandado a otros países por miles de millones de dólares, se están poniendo en peligro a sí mismos. “Mientras que algunos países ven la minería marina como una fuente potencial de riquezas, creo que estos son realmente buenos ejemplos de que los países deben andarse con mucho cuidado”.

“El ISDS eleva los derechos de las corporaciones por encima de los de los gobiernos soberanos”.

Una forma en que pueden protegerse es rechazando todo el sistema de arbitraje internacional, argumenta Moore.

Pakistán, Ecuador y Bolivia son algunos de los países que han empezado a rescindir acuerdos con disposiciones ISDS. Sin embargo, hacerlo puede ser un proceso complicado. “El mito de que los acuerdos internacionales de inversión son necesarios para atraer inversión extranjera directa sigue siendo fuerte”, afirma.

La cláusula ISDS también fue eliminada entre Canadá y Estados Unidos en el NAFTA renegociado (ahora llamado USMCA o TLCAN en México) que entró en vigor en julio de 2020. Chrystia Freeland, entonces ministra canadiense de Asuntos Exteriores, dijo entonces que este era uno de los logros de los que se sentía más orgullosa: “El ISDS eleva los derechos de las corporaciones por encima de los de los gobiernos soberanos. Al eliminarlo, hemos reforzado el derecho de nuestro gobierno a regular en interés público, para proteger la salud pública y el medio ambiente”.

Las disposiciones del ISDS siguen existiendo entre Estados Unidos y México en el acuerdo renegociado, pero son más limitadas: los casos relacionados con el petróleo, el gas y el transporte pueden ir directamente al ISDS, pero otros deben pasar primero por los tribunales nacionales. Sin embargo, las disposiciones del ISDS siguen presentes en muchos otros acuerdos comerciales firmados por México, como el firmado con Canadá.

Según un cálculo reciente, México se enfrenta actualmente a más de 11 mil millones de dólares (188 mil 621 millones 180 pesos) en demandas ISDS.

Para quienes han pasado años luchando contra la mina, es un juego de tiempo. Ibarra ha vuelto a dedicarse al periodismo, investigando a las empresas mineras y los megaproyectos turísticos que surgen en Baja California Sur.

Mientras tanto, los pescadores que han pasado la última década temiendo a la mina siguen levantándose todos los días a las 5 de la mañana. En la amplia playa de arena de San Juanico, las luces oscilan en la oscuridad mientras hombres con linternas rodean un pequeño barco pesquero, cargando trampas para langostas, checando el motor, arreglando la radio. Cuando están listos, un camión arrastra el barco hacia el océano, rugiendo en el tranquilo amanecer. Esperan la ola adecuada, empujan el barco hacia el oleaje y se dirigen a toda velocidad hacia el lugar exacto donde Odyssey quería explotar la mina.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-5Martín Guadalupe Trasviña, pescador de la cooperativa San Juanico Surf. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

La gente de aquí está de acuerdo en que Baja California Sur necesita desarrollo: mejores carreteras, electricidad más estable, mejor atención a la salud. Pero la mayoría no cree que vayan a beneficiarse de una mina que consideran una amenaza para la pesca y el turismo, el sustento de la región.

“Renunciar a todo por un proyecto que sólo traerá destrucción, que enriquecerá a unos pocos y empobrecerá a miles de familias y a las generaciones futuras…”, la voz de Aguilar se va desvaneciendo.

Si Odyssey consigue una segunda revisión del proyecto minero, afirma que están dispuestos a seguir luchando. “Levantaríamos a toda la gente en toda la península para organizar un liderazgo de punto a punto, y en absoluta oposición”.

“No sé qué haríamos en el mar, pero tendríamos que hacer algo para mantenernos firmes”.

Traducción: Ligia M. Oliver
inforema.mexico@gmail.com

Aunque actualmente China domina el mercado mundial del litio y produce alrededor de las tres cuartas partes de las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos que circulan por carretera, ya no es el país que más litio tiene en su territorio.

Los científicos han identificado 4 millones de toneladas de litio en un lago de California, Estados Unidos, pero estiman que haya al menos 14 millones más. Con ello se podrían alimentar hasta 375 millones de autos eléctricos.

Este nuevo depósito de litio descubierto en el Mar de Salton sería incluso el mayor del mundo descubierto hasta la fecha, y sería el equivalente a más de 500 mil millones de dólares, con lo que se equilibra la pelea que existe hoy entre Estados Unidos y China sobre la cuestión.

Por otro lado, Estados Unidos podría enfrentarse rápidamente a un problema más espinoso: sería particularmente arriesgado extraer este «oro blanco» bajo el Lago Mar de Salton. De hecho, los habitantes que viven alrededor del lago no tienen nada de qué alegrarse por este … Sigue leyendo →]]> 17/12/2023 aleyda-angel

Aunque actualmente China domina el mercado mundial del litio y produce alrededor de las tres cuartas partes de las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos que circulan por carretera, ya no es el país que más litio tiene en su territorio.

Los científicos han identificado 4 millones de toneladas de litio en un lago de California, Estados Unidos, pero estiman que haya al menos 14 millones más. Con ello se podrían alimentar hasta 375 millones de autos eléctricos.

Este nuevo depósito de litio descubierto en el Mar de Salton sería incluso el mayor del mundo descubierto hasta la fecha, y sería el equivalente a más de 500 mil millones de dólares, con lo que se equilibra la pelea que existe hoy entre Estados Unidos y China sobre la cuestión.

Por otro lado, Estados Unidos podría enfrentarse rápidamente a un problema más espinoso: sería particularmente arriesgado extraer este «oro blanco» bajo el Lago Mar de Salton. De hecho, los habitantes que viven alrededor del lago no tienen nada de qué alegrarse por este descubrimiento, que anuncia en perspectiva un potencial desastre ecológico.

Y es que para extraer litio del lago habría que perforar pozos geotérmicos a varios miles de metros bajo la superficie de la tierra para recolectar salmuera. El problema es que se debe extraer una cantidad astronómica de agua para poder recuperar el litio.

Mar De Salton
Además, la explotación bien podría contribuir a un detrimento de los 180,000 residentes que viven en las inmediaciones, así como de las operaciones agrícolas circundantes, degradando significativamente la calidad del aire cercano.

El Mar de Salton es mejor conocido por ser el peor desastre ecológico del estado, ya que las sequías, las olas de calor y la agricultura han provocado que el agua retroceda, formando un lecho de lago seco y de aspecto árido junto con la muerte masiva de peces debido a la alta salinidad del agua.

Pero el lago ha tenido una especie de reinvención de la energía verde con empresas de todos los tamaños tratando de evaluar cómo extraer litio de la salmuera geotérmica en las profundidades del extremo sur del lago y durante una década ha sido una fuente de producción de electricidad geotérmica. El gobernador de California, Gavin Newsom, lo ha llamado «La Arabia Saudita del litio».
https://www.xataka.com.mx/automovil/este-lago-tiene-litio-que-china-hay-equivalente-a-500-000-millones-dolares-mineral-esencial-para-autos-electricos

Tras el encuentro que tuvo con el mandatario de China, Xi Jinping, en el marco del Foro APEC en San Francisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no trataron el tema del litio, ante la nacionalización del mineral en México y las concesiones de empresas chinas.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador detalló que “realmente es una mina nada más y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo”.

“Y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo, no hay problema y ya se nacionalizó el litio y ellos deben de entender y los están asimilando de esa manera que se trata de un recurso estratégico, de un mineral que necesitamos para el desarrollo futuro de nuestro país y que vamos a cuidarlo … Sigue leyendo →]]> 27/11/2023
«Pueden venir las empresas extranjeras a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la nueva empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se generen los empleos y los beneficios», declaró.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).-

Tras el encuentro que tuvo con el mandatario de China, Xi Jinping, en el marco del Foro APEC en San Francisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no trataron el tema del litio, ante la nacionalización del mineral en México y las concesiones de empresas chinas.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador detalló que “realmente es una mina nada más y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo”.

“Y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo, no hay problema y ya se nacionalizó el litio y ellos deben de entender y los están asimilando de esa manera que se trata de un recurso estratégico, de un mineral que necesitamos para el desarrollo futuro de nuestro país y que vamos a cuidarlo para que no sea en beneficio de empresas extranjeras.

“Que pueden venir las empresas extranjeras a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la nueva empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se generen los empleos y los beneficios”, declaró.

Tras calificar como “buena” la plática que sostuvo con Xi Jinping, López Obrador recordó que en los próximos la canciller Alicia Bárcena viajará a China, y posiblemente a Corea del Sur, “porque necesitamos comprar los paquetes de electrodomésticos, los enseres que se requieren para apoyar a los damnificados de Acapulco y no hay suficientes en el mercado internacional”.

Puntualizó que hay cerca de 40 mil paquetes para entregar hasta enero, “pero necesitamos 250 mil para todas las viviendas”.

China debe entender que ya se nacionalizó el litio, dice AMLO