Ana Sandoval  05/12/2022 Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.

La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.

La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro … Sigue leyendo →]]>
Una empresa minera estadounidense está demandando a Guatemala por un proyecto cerrado. El estado confió en las comunidades afectadas para montar una defensa legal, pero ahora está tratando de eludirlas para abrir la mina.

Ana Sandoval  05/12/2022
Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.

La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.

La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida de supuestas ganancias futuras. Alrededor del 80 por ciento de los 400 millones de dólares que KCA afirma haber perdido se basa en estimaciones de ganancias futuras de actividades de exploración que nunca llevó a cabo.

Las demandas de los tribunales de inversión socavan el estado de derecho.

Un mural en La Puya, Guatemala dice: «Sí a la Vida, No a la Minería». (Foto: Iximché Media)
Mi análisis de este caso publicado recientemente expone cómo los casos de arbitraje supranacional como este, que están disponibles únicamente para las empresas transnacionales a través de acuerdos comerciales y de inversión, ignoran la resistencia de la comunidad y la violencia que enfrentamos.

La opción de simplemente demandar a los gobiernos proporciona un desincentivo perverso para que las empresas respeten la ley y alienta la especulación salvaje sobre la pérdida de ganancias en el futuro, incluso cuando las inversiones fracasan. Si la demanda prospera, también privará a los guatemaltecos de millones de dólares en escasos fondos que podrían ser mucho mejor utilizados para atender las necesidades básicas de la población, los desastres provocados por la crisis climática y frenar el flujo de emigración forzada.

Estas demandas no muestran consideración por las preocupaciones de las personas más directamente afectadas por las operaciones de la empresa.

Nuestro movimiento en La Puya ha presentado amplia evidencia a lo largo de los años de cómo el proyecto de oro de KCA conduciría al agotamiento del agua y la contaminación poniendo en riesgo nuestra salud. Desde el principio, la mina enfrentó una dura oposición de nuestras comunidades que viven cerca del proyecto, justo al norte de la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, nuestras comunidades han mantenido un campamento de protesta las 24 horas frente a la carretera que lleva a la mina durante más de 10 años.

Como resultado, hemos enfrentado amenazas, violencia dirigida, persecución legal, represión policial y actos de intimidación. De hecho, el proyecto solo pudo operar después de que la dura represión policial contra el movimiento despejara el paso de equipos en varias ocasiones, llegando incluso a lesionar a personas. Sin embargo, la mina de oro solo operó durante dos años, hasta que los tribunales suspendieron el proyecto a fines de 2015 por no consultarnos adecuadamente.

En respuesta al reclamo de KCA, el gobierno guatemalteco ha argumentado que la empresa se basó en los favores del gobierno para obtener su licencia ambiental. Cita comunicaciones entre el presidente de la KCA, Daniel Kappes, y el entonces director general de Minería, Selvyn Morales , en 2011, en las que Kappes escribió: “Me siento mucho más cómodo de que participe y pueda ayudarnos a que el proceso de obtención de permisos avance para que podamos los permisos antes de que la política se entrometa demasiado”. Poco después de este intercambio, Morales dejó el gobierno para trabajar en una empresa de servicios mineros, que KCA contrató de inmediato.

Guatemala construyó gran parte de su defensa legal sobre la documentación, argumentos y estudios que desarrollamos durante años de lucha con el apoyo de técnicos, abogados y organizaciones aliadas. Por ejemplo, la defensa legal de Guatemala señala el lamentablemente deficiente estudio de impacto ambiental de KCA que incluso el gobierno reconoce que nunca debería haber sido aprobado. También destaca la violación de las normas ambientales por parte de la empresa y su falta de obtención de una licencia de construcción para construir la mina.

Los abogados del gobierno incluso llamaron a los miembros de la comunidad a declarar ante el tribunal de arbitraje.

La industria minera pensó que podía aplastar a la oposición local. Pero el gobierno no es mucho mejor.

Una vista del sitio minero en La Puya, Guatemala. (Foto: Iximché Media)
La defensa del gobierno legitima efectivamente las razones que sustentan nuestra lucha de una década. Sin embargo, si bien utiliza nuestros argumentos y evidencias para tratar de evitar el pago a la empresa, aún no se ha mostrado dispuesto a respetar nuestro derecho a decidir sobre un proyecto que afecta tan profundamente nuestra tierra y nuestra vida.

En junio de este año se inició el proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Hasta ahora, el gobierno ha demostrado poco interés en involucrar a las comunidades más directamente afectadas que viven en las inmediaciones de la mina.

Las acciones del ministerio son contrarias a los propios argumentos del gobierno presentados ante el tribunal de arbitraje, en los que subraya el descontento local por el proyecto. Critica a las KCA por haber logrado solo un 6 por ciento de credibilidad entre la población a partir de 2014, cuando entró en funcionamiento, según una encuesta encargada por la KCA.

En lugar de buscar consultar a nuestras comunidades, el gobierno guatemalteco alega en el procedimiento de arbitraje que la empresa trató de sobornar a personas clave para afianzarse localmente: “Hicieron pagos directos a líderes comunitarios y municipales” y “pagaron a personas para que participaran en sesiones de desarrollo de capacidades”, dice el gobierno.

Además, las autoridades guatemaltecas critican la afirmación de KCA de que “consultó” con las comunidades a través de entrevistas con consejos públicos municipales y de aldea, que no se puede presumir que sean representativos de los pueblos indígenas.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas ahora está repitiendo algunas tácticas similares para excluir de la consulta a la población indígena más cercana a la mina al enfocarse en las comunidades ubicadas más lejos del sitio. Tal como lo hizo KCA antes, el gobierno está favoreciendo la participación de las agencias públicas y los consejos municipales en lugar de las personas directamente afectadas.

El arbitraje alienta tanto a los estados como a las corporaciones a marginar a la oposición. Necesitamos un nuevo modelo.

Pancartas celebrando los 10 años de Resistencia Pacífica La Puya, marzo de 2022. (Foto: Iximche Media)

Esto demuestra aún más lo absurdo del sistema de arbitraje supranacional: las empresas y los gobiernos pueden argumentar lo que quieran en los procedimientos de arbitraje, independientemente de los hechos sobre el terreno.

KCA actuó con impunidad para obtener permisos y nunca demostró ninguna intención de respetar la ley guatemalteca. El gobierno, por su parte, se basó en los argumentos de las comunidades para construir su defensa y ahora parece estar dándole la espalda nuevamente a los residentes locales.

Mientras tanto, son nuestras comunidades y el pueblo guatemalteco en general los que pagarán un precio tremendo si el tribunal de arbitraje ordena a Guatemala que pague a KCA incluso una parte de su reclamo o si la consulta es manipulada para reiniciar su proyecto.

Guatemala no necesita proyectos mineros ni acuerdos internacionales que defiendan la impunidad y la codicia empresarial. Más bien, debemos abordar la noción falsa de que Guatemala se desarrollará a través de la extracción de recursos naturales, lo que afecta negativamente el tejido social de las comunidades y contribuye a nuestro mayor empobrecimiento.

La Resistencia Pacífica La Puya, junto con otras comunidades organizadas en Guatemala, ha reiterado durante más de 10 años que lo que se necesita es un modelo económico diferente, uno que priorice agua y suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

A Mining Lawsuit in Guatemala Shows How Trade Courts Put Locals Last

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El próximo viernes (25) celebraremos un seminario web con el título «Minería y el mito del desarrollo: los conflictos heredados». Promocionado desde la Campaña de Desinversión en Minería y la Comunidad de Ecoespiritualidad de la red Iglesias y Minería, la actividad en línea presentará el informe de la mina Marlin en Guatemala: “Ellos se quedaron con el oro y nosotros con los problemas”, con la participación de mujeres lideresas afectadas por la minería en este país. El acto también tiene lugar en recuerdo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La violencia de género es un tema siempre presente en los contextos de conflictos extractivos.

Les envíamos en este enlace una propuesta de difusión y le agradecería mucho que nos ayudara en esta propagación: ESP http://bit.ly/3i8S7tV PT http://bit.ly/3gykKQU

?Cuando: Viernes, 25 de noviembre

⏰Horario: 10:00 a.m. Colombia; 11:00 a.m. Bolívia; 12:00 a.m Zona Sur; 4:00 p.m. CET

?Inscríbase: https://bit.ly/MineriaMitodelDesarrollo

?️Traducción: español y portugués

El MEM dijo en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», porque el tema minero es exclusivo del Gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

«Manifestamos que la celebración del referido evento no fue un proceso avalado por este ministerio, al considerar que el mismo carece de fundamento legal», indica el comunicado.

El contundente rechazo de los vecinos El domingo, habitantes de Asunción Mita rechazaron en una consulta la extracción de oro y plata a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco, propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá en una consulta para … Sigue leyendo →]]> 22/09/2022
Guatemala desconocerá el resultado del plebiscito por la mina a cielo abierto
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala desconoció la consulta de vecinos del municipio de Asunción Mita, ubicado en la frontera con El Salvador, en el que por abrumadora mayoría (87,98%) ganó el rechazo hacia el proyecto de una minera canadiense de oro y plata para operar en el municipio.

El MEM dijo en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», porque el tema minero es exclusivo del Gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

«Manifestamos que la celebración del referido evento no fue un proceso avalado por este ministerio, al considerar que el mismo carece de fundamento legal», indica el comunicado.

El contundente rechazo de los vecinos
El domingo, habitantes de Asunción Mita rechazaron en una consulta la extracción de oro y plata a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco, propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá en una consulta para la que estaban habilitadas a votar 30.465 personas, de acuerdo con el padrón electoral.

El alcalde del lugar, René Francisco Ruano, explicó que la consulta se realizó a solicitud de un grupo de vecinos y fue aprobada por los miembros del Concejo Municipal. Al dar a conocer los resultados, la comisión organizadora aseguró que la consulta «es vinculante para el Concejo (municipal) y el señor alcalde e indicativa para el Gobierno central de la República de Guatemala».

La operación minera es rechazada por los vecinos y por organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador ya que consideran que dañará los recursos naturales en ambos lados de la frontera, una situación que descarta la empresa.

La respuesta del Ejecutivo
El MEM insistió en que el «Concejo Municipal de Asunción Mita está impedido legalmente para tomar una decisión relacionada con la instalación y operación de un proyecto minero en su jurisdicción, por lo tanto, consultar a los vecinos respecto de este tema, deviene improcedente».

El reglamento que sirvió «de marco» para la consulta agregó el MEM- «fue suspendido provisionalmente mediante una resolución» hace una semana por un «tribunal de amparo competente, por lo que la celebración de la misma se hizo en contravención de una orden judicial».

«Por estas razones, el MEM se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso celebrado en Asunción Mita», agregó el Ministerio.

El proyecto minero
Bluestone Resources compró en 2017 a la también canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9% del capital de Bluestone. Sin embargo, la mina no inició hasta ahora sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

Los ambientalistas aseguran que las operaciones de la mina contaminarán los cursos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.
Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.
Fuente: Página12

Guatemala desconocerá el resultado del plebiscito por la mina a cielo abierto

El argumento del Gobierno y la empresa, que actuan en común tras una política abiertamente extractivista, es que la consulta había sido declarada ilegal, aún cuando los pobladores denuncian que la mina contaminará los afluentes que utilizan miles de campesinos de la zona.

Es así que el MEM dijo en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», porque el tema minero es … Sigue leyendo →]]> El proyecto de una empresa minera canadiense que dejará sin recursos a miles de campesinos fue rechazado el último domingo en una consulta popular del municipio de Asunción Mita. El Gobierno guatemalteco lo declaró ilegal y lo desconoció, el mismo argumento que utilizó la empresa.
Redacción internacional
20/09/2022
El Gobierno de Guatemala desconoció por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) una consulta de vecinos del municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador, en el que sus habitantes el pasado domingo rechazaron por una abrumadora mayoría del 87,98% la posibilidad por razones ambientales de que una minera canadiense de oro y plata opere en ese municipio.

El argumento del Gobierno y la empresa, que actuan en común tras una política abiertamente extractivista, es que la consulta había sido declarada ilegal, aún cuando los pobladores denuncian que la mina contaminará los afluentes que utilizan miles de campesinos de la zona.

Es así que el MEM dijo en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», porque el tema minero es exclusivo del Gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

«Manifestamos que la celebración del referido evento no fue un proceso avalado por este ministerio, al considerar que el mismo carece de fundamento legal», indica el comunicado.

El domingo, habitantes de Asunción Mita rechazaron en una consulta la extracción de oro y plata a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco, propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá en una consulta para la que estaban habilitadas a votar 30.465 personas, de acuerdo con el padrón electoral.

El delegado de la comisión electoral, Armando Teo, detalló que 13 votos fueron en blanco (0,15%), 105 nulos (1,23%), 904 apoyaron el sí a las operaciones (10,63%) y 7.481 votaron no a la mina (87,98%).

El alcalde del lugar, René Francisco Ruano, explicó que la consulta se realizó a solicitud de un grupo de vecinos y fue aprobada por los miembros del Concejo Municipal.

Al dar a conocer los resultados, la comisión organizadora aseguró que la consulta «es vinculante para el Concejo (municipal) y el señor alcalde e indicativa para el Gobierno central de la República de Guatemala».

La operación minera es rechazada por un grupo de pobladores, además de grupos ambientalistas de Guatemala y El Salvador al considerar que dañará los recursos naturales en ambos lados de la frontera, una situación que descarta la empresa.

Los activistas celebraron el veredicto del referendo, aunque Nelly Rivera, de la Asociación Ambientalista de El Salvador, había advertido que de ganar el proyecto minero acudirían «a todas las instancias internacionales porque esta minería no va».

El MEM insistió en que el «Concejo Municipal de Asunción Mita está impedido legalmente para tomar una decisión relacionada con la instalación y operación de un proyecto minero en su jurisdicción, por lo tanto, consultar a los vecinos respecto de este tema, deviene improcedente».

Cínicamente, Bob Gill, director gerente de Elevar Resources, filial guatemalteca de la minera canadiense, dijo que «estamos decepcionados con las acciones de estos grupos que utilizan referendos sesgados para crear dudas e incertidumbre en torno a proyectos de minería responsable como Cerro Blanco».

Bluestone Resources compró en 2017 a la también canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9% del capital de Bluestone. Sin embargo, la mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.

Los ambientalistas aseguran que las operaciones de la mina contaminarán los cursos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña. Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.

Como ocurre con muchos otros países, la complicidad entre los gobiernos y los intereses de las empresas mineras aparecen por arriba de las necesidades y de la salud de las comunidades. Para garantizar las ganancias de las empresas se valen de todo tipo de artilugios, incluidos los legales, y también el amedrentamiento, para entorpecer o frenar los reclamos sociales, mientras que las compañias avanzan en la contaminación de los suelos y las aguas. Es por esto que las protestas contra la minería contaminante y las actividades extractivistas son cada vez más generalizadas en todo el mundo.
https://www.laizquierdadiario.com/Gobierno-de-Guatemala-desconocio-una-consulta-popular-contra-la-mineria-a-cielo-abierto

Nely Rivera, miembro de la asociación ambientalista AMAES y del movimiento ECOFEMINISTA de El Salvador, dice que el lago es el primero que será afectado por la mina sí llega a explotar. “La mina va a afectar directamente al río Ostúa que es … Sigue leyendo →]]> Las organizaciones en pro del medio ambiente de Guatemala y El Salvador hacen un llamado a las autoridades para prestar atención al problema antes que sea más grave.
Jonatan Funes 23/04/2022
A la protesta asistió un buen número de habitantes del cantón Cuevitas y la zona fronteriza del lado de Guatemala, afectados por la contaminación. Foto: EDH/ Jonatan Funes
En el día de la tierra pobladores de la comunidad Cuevitas de Metapán, Asunción Mita de Guatemala y diferentes organizaciones en pro del medio ambiente, se manifestaron con un recorrido en lancha por las aguas del Lago de Güija como acto simbólico en resistencia al proyecto minero el Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala.
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Nely Rivera, miembro de la asociación ambientalista AMAES y del movimiento ECOFEMINISTA de El Salvador, dice que el lago es el primero que será afectado por la mina sí llega a explotar. “La mina va a afectar directamente al río Ostúa que es limítrofe entre Guatemala y El Salvador. Este río es el principal tributario del lago de Güija, toda la afectación de la mina del Cerro Blanco va a venir a dar a estas aguas”, comentó.
Vidalina Morales de Cabañas, representante de la mesa nacional de frente a la minería metálica estuvo presente en el evento.
Foto: EDH / Jonatan Funes

Con esta protesta pacífica quieren visibilizar dicha amenaza y piden que haya un diálogo entre los gobiernos de ambos países para que puedan detener la mina. Hacen el llamado a cancillería, gobierno central y a las autoridades del medio ambiente para que pongan atención sobre la gravedad del problema.

“A mediano o largo plazo vamos a vernos afectados más de 3 millones de salvadoreños que nos abastecemos del río Lempa”, enfatizó Rivera.
Además: Por impacto de la minería en Guatemala, ambientalistas y Procurador Ambiental piden al Gobierno salvadoreño crear una mesa binacional para tratar el problema

Hicieron un llamado a la población de El Salvador y Guatemala para exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el rio Ostúa tributario del lago de Güija y el rio Lempa.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tres-millones-salvadorenos-afectados-mineria-cerro-blanco/949331/2022/

Este trabajo forma parte del proyecto Mining Secrets –publicado tres años después del proyecto Green Blood–, una colaboración global que da seguimiento al trabajo de periodistas amenazados por investigar delitos ambientales.

Por Phineas … Sigue leyendo →]]> .. documentos internos revelan las estrategias sofisticadas de una minera de níquel para comprar favores en Guatemala
CGN Pronico, Corrupción, Extractivismo, Mayaníquel, Minería, Mining Secret, Niquel, Noticias portada, Redes Político-Económicas Ilícitas, Secretos mineros, Solway Investment Group
06/03/2022
Créditos: Habitantes de la comunidad de las Nubes en diciembre de 2021. (Crédito: SVT)
Planes para incendiar cultivos de subsistencia, depósitos para “comprar” líderes locales, y envíos de dinero a la Policía Nacional… El grupo minero Solway, que controla la mina Fénix en El Estor, Guatemala, no ha escatimado sus recursos financieros y políticos para influir en la toma de decisiones en el país. Una filtración masiva de datos, a la que Forbidden Stories tuvo acceso y fue compartida con 65 periodistas en el mundo, ofrece una mirada sin precedentes sobre la manera de operar de esta turbia transnacional.

Este trabajo forma parte del proyecto Mining Secrets –publicado tres años después del proyecto Green Blood–, una colaboración global que da seguimiento al trabajo de periodistas amenazados por investigar delitos ambientales.

Por Phineas Rueckert y Paloma Dupont de Dinechin

Traducido por : Mathieu Tourlière

Fue el producto de varios meses de un diálogo intenso y de una votación muy anhelada: el 6 de enero de 2022, la mina de níquel Fénix en El Estor, en Guatemala, recibió del Ministerio de Energía y Minas (MEM) la autorización para reanudar sus actividades de extracción. La mina había sido clausurada en febrero de 2021, un año y medio después que la justicia determinó que no había consultado a las comunidades locales sobre los impactos ambientales y sociales de sus actividades.

La reapertura de la mina derivó de una consulta entre el gobierno de Guatemala, líderes comunitarios de El Estor y representantes del Grupo Solway, un conglomerado con sede en Suiza, cuyo equipo directivo está integrado principalmente por hombres de negocios de Rusia y Estonia. En sus respectivos comunicados de prensa, Grupo Solway –que compró la mina en 2011 y la opera a través de sus filiales CGN y Pronico– y el gobierno ensalzaron la consulta como un proceso armonioso e inclusivo.

“Lo importante del proceso es que partió desde los altos liderazgos —de las comunidades— que contó con los insumos que se recogieron de los pobladores de las comunidades del área de influencia”, declaró Óscar Pérez, el viceministro de sustentabilidad en el MEM.

Pérez omitió el hecho de que, fuera de la luz pública, Solway había movido los hilos de la consulta. Desde octubre de 2020, un año antes del comienzo del proceso, las filiales de la empresa entregaron dinero, en plazos regulares, a los líderes comunitarios involucrados en la consulta; lo hicieron a través de una fundación llamada Raxché, cuyos recursos provienen casi exclusivamente de filiales de Solway, según datos bancarios revisados por Forbidden Stories.

Entre octubre de 2020 y enero de 2021, Raxché depositó 38 mil 500 quetzales mensuales
Un recibo del ANADE, que demuestra el pago de Raxche, casi integralmente financiada por las donaciones de las filiales de la mina CGN y Pronico. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.)

–alrededor de 5 mil dólares– a la Asociación Nacional para el Desarrollo Mutual (ANADE), para “reforzar” a uno de los dos consejos indígenas que votó a favor de la reapertura de la mina. En por lo menos dos ocasiones 10 mil quetzales (1.300 dólares) fueron canalizados como “apoyo económico” a cuatro integrantes del consejo, una suma importante en un país donde el salario mensual promedio vale 468 dólares.

“Algunos aquí son vendidos, más claro ni el agua”, dijo María Choc, una residente de El Estor, en entrevista con periodistas del consorcio encabezado por Forbidden Stories.

En una carta dirigida a Forbidden Stories, Solway negó cualquier irregularidad. “Solway Investment Group opera de manera totalmente alineada con las regulaciones nacionales e internacionales”, escribió su director general, Dan Bronstein. “Refutamos cualquier afirmación que se mencione sin base factual”, indicó.

Sin embargo, millones de documentos internos, que Forbidden Stories obtuvo y compartió con 20 medios internacionales en el marco del proyecto Mining Secret, confirman las sospechas que los residentes de El Estor tenían desde hace mucho tiempo sobre las verdaderas intenciones de la empresa.

Forbidden Stories y sus socios exhiben al reservado y poderoso conglomerado suizo-ruso Solway, y revelan los esfuerzos que este desplegó para manipular las comunidades locales durante las negociaciones de la consulta, que culminó con la aprobación de la reapertura de la mina en diciembre de 2021.

De la filtración, que incluye 470 buzones de correo electrónico (2 terabytes de datos) y 8 millones de documentos –como registros de envío e información financiera– brotan varios escándalos: daños ambientales, intrigas para “comprar” líderes comunitarios; pagos a policías y jueces; planes detallados para desplazar comunidades e imágenes que evidencian el espionaje a periodistas que investigaban sobre la mina.
Consulta a la venta

Situada en las montañas del noreste de Guatemala, El Estor colinda con una reserva natural –hogar de animales en peligro de extinción—y con el lago más extenso del país, el lago Izabal. Los indígenas maya Q’eqchi’ de la región han vivido históricamente del cultivo de cardamomo, maíz y frijol. Pero las comunidades que conforman El Estor están sentadas en un recurso mucho más codiciado: el níquel.

En 1960 arrancó el proyecto Fénix, que consistía en extraer y vender ese mineral de la región. Una vez procesado, el níquel puede encontrarse en todo tipo de objetos, desde mostradores de granito hasta rascacielos o monedas de dólares. En 2011, Solway adquirió la mina, la planta procesadora de níquel y la central eléctrica, e inició las operaciones en 2014. La empresa dice que Fénix genera cerca de 2 mil empleos, y que Solway invierte en “el desarrollo de infraestructura social en sus áreas de operación local en Guatemala”, justamente mediante empleos, programas de capacitación y otros proyectos.

Pero en 2017, la empresa se convirtió en el centro de una polémica nacional: pescadores locales acusaron a la mina de contaminar el lago Izabal y lanzaron protestas que fueron brutalmente reprimidas, causando la muerte de un pescador. En 2019, Forbidden Stories reportó, en el marco del proyecto Green Blood, que los periodistas del medio Prensa Comunitaria que cubrieron las protestas fueron amenazados y obligados a esconderse.

La comunidad obtuvo un triunfo en 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó a la mina la suspensión de sus operaciones, que se hizo efectiva en febrero de 2021. Esa decisión obligó a la empresa y al gobierno guatemalteco a llevar a cabo un proceso de consulta con líderes locales para obtener su consentimiento antes de reiniciar sus actividades. Indígenas de la región sostienen que este proceso ha sido manipulado por la mina.

“No hay interés del gobierno en generar un diálogo real”, dijo Lucía Ixchíu, activista indígena y fundadora de Festivales Solidarios –un colectivo que protestó contra la mina– a Forbidden Stories en entrevista telefónica.

Miembros de la comunidad indígena afirman que cuatro de sus órganos ancestrales de decisión fueron excluidos del proceso de consulta.

En una carta de Pronico, una de sus filiales, la empresa argumentó que ello se debió al diseño de la consulta. “[La participación de los órganos ancestrales de decisión] fue rechazada para no dañar la integridad del proceso de consulta indígena establecido por la Corte Suprema”, escribió Marvin Méndez, el director administrativo de Pronico.
Los habitantes d’El Estor protestan contra la mina, en octubre 2021. (Créditos: Prensa Comunitaria)

En al menos un caso, Forbidden Stories pudo confirmar que una lideresa indígena fue expulsada de uno de los consejos después de rechazar dinero de la empresa.

En 2019, representantes de la empresa pidieron a Guadalupe Xol Quinich, una lideresa ancestral e integrante del consejo indígena de El Estor, que se sumara a un amicus curiae, una figura legal a través de la cual una persona ofrece información a una corte de manera voluntaria para ayudar en la resolución de un caso, sin estar directamente vinculada con este caso. Le ofrecieron 3 mil quetzales (cerca de 400 dólares) por su firma, dijo en entrevista. Como se negó a firmar, fue sustituida por otra persona en el consejo.

“Estamos muy divididos entre hermanos y hermanas de la comunidad”, dijo la mujer a un miembro del consorcio de Forbidden Stories.

De nuevo, los documentos filtrados confirman que la consulta no fue totalmente imparcial. Un documento previo a la consulta enumeraba estrategias que incluían, literalmente, la “compra de líderes” en dos barrios de El Estor. (Méndez afirmó, en una respuesta escrita a Forbidden Stories, que nunca se hicieron pagos a estos líderes.) En 2021, las filiales de Solway contemplaron intensificar sus donaciones a “actores clave y partes interesadas relacionadas con la consulta”.

“Es totalmente violatorio a los estándares internacionales sobre la consulta y al principio de buena fe”, dijo Quelvin Jiménez, abogado de Santa Rosa que defiende los derechos a la tierra para la comunidad Xinka en el suroeste de Guatemala. “La cooptación de líderes, las negociaciones paralelas o las negociaciones con ciertos grupos son contrarias a la buena fe y no deberían ser autorizadas por el Estado”, dijo a Forbidden Stores, citando un precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas tácticas no sonarán extrañas a los pescadores que integran la Asociación Bocas del Polochic: en un primer momento eran opositores de la mina, pero extrañamente se volvieron promotores de su reapertura e incluso protagonizaron un video promocional de la empresa.
Los habitantes d’El Estor protestan contra la mina, en octubre 2021. (Créditos: Prensa Comunitaria)

Documentos muestran la manera en la que Solway dio vuelta la postura de la asociación y la convirtió en amiga de la mina: “Realizar durante el primer trimestre de 2020 la donación de $34,000 para la compra de 10 equipos de pesca con la intención de mantener como aliados a los líderes y socios de la Asociación Bocas del Polochic”, recomienda un plan de trabajo de una de las filiales, elaborado en 2019.

“La empresa encontró oportunidades en la pobreza de la comunidad”, dijo Cristóbal Pop, un pescador de El Estor que vive ahora en la ciudad de Guatemala porque teme por su seguridad.
El plan de Solway: “trabajos ficticios”, “incendios de cultivos”, “rumores”

En Las Nubes, los rastros de la pobreza se pueden observar en todas partes.

Los integrantes de esta pequeña comunidad indígena, ubicada en los terrenos explotados por la mina Fénix y a cientos de metros de la planta procesadora de níquel, viven en casas con pisos de tierra y techos de lámina. Ante el deterioro de las condiciones ambientales, que afecta el cultivo del cardamomo y de los demás sembradíos, muchos habitantes tuvieron que enrolarse en trabajos manuales en la mina para sobrevivir.

Durante años, la presencia de esta comunidad representó un obstáculo mayor para las filiales de Solway, CGN y Pronico, pues se encuentra justo en su zona de operación. A partir de 2014, estas dos filiales locales elaboraron decenas de reportes sobre Las Nubes, en los cuales diseñaron tácticas cada vez más extremas para acceder a las tierras sobre las cuales están construidas las casas del pueblo.
Habitantes de Las Nubes lavando los platos. (Créditos: SVT)

Así como pareció hacerlo durante la consulta, Solway inundó la comunidad de Las Nubes con donaciones: en cuatro años, la empresa inyectó más de 200 mil dólares en Las Nubes a través de la fundación Raxché, que en 2019 y 2020 recibió casi todos sus fondos de las filiales de Solway, según un reporte interno.

Documentos muestran también cómo la empresa trató de ganarse un lugar en la comunidad de Las Nubes a cambio de favores: pintó la iglesia para “mejorar las relaciones con los líderes religiosos locales”, organizó un partido amistoso de fútbol para “ganar cercanía con líderes relevantes en la toma de decisión comunitaria”, y participó en una marcha del Día de la Madre para “evaluar el comportamiento del grupo”.

Otros donativos fueron entregados de manera más personalizada. En un documento de 2021 titulado “plan específico”, por ejemplo, la empresa planteó que ofrecería un trabajo al hijo de un líder comunitario y regalaría una sierra eléctrica a otro.

Un documento de 2016 sugiere que la empresa no se detuvo ahí, pues se propuso crear “empleos ficticios”, como señalizadores en carretera, y pagó “salarios apócrifos” a algunos pobladores. (En una respuesta por escrito a Forbidden Stories y sus socios, Méndez negó que la empresa pagara salarios ficticios; afirmó que “esa información no corresponde a la realidad”).

El objetivo de estas inversiones, según numerosos reportes reiterados por CGN y Pronico entre 2016 y 2019, era nítido: “Obtener la reubicación voluntaria de la población fuera de la zona de interés de la mina en el tiempo más breve posible”.

Pero los miembros de la comunidad se negaron a abandonar Las Nubes, reivindicando los vínculos ancestrales con su tierra.
Un plan de trabajo interno de Pronico, la filial de Solway, que propone estrategias para desplazar la comunidad de Las Nubes. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.)

Paolina Chetek, una residente de Las Nubes cuyos familiares trabajan en la mina y cuyo esposo recibió una oferta de dinero de la empresa para ceder su tierra, dijo a integrantes del consorcio de Forbidden Stories que no le importaron estas donaciones. “No queremos recibir dinero, porque el dinero es como el agua mineral: burbujas que se desvanecen”.

“Yo voy a resistir hasta el final, porque mis hijos no tienen otro lugar para crecer y para su vida futura”, añadió.
Paolina Chetek, habitante de Las Nubes. (Créditos : SVT)

Ante el fracaso de sus intentos por lograr una reubicación voluntaria, la empresa imaginó medidas más coercitivas, aunque no queda claro si echó a andar estos planes o no.

Un “plan de trabajo” de febrero de 2020 que pretendía lograr la reubicación de la comunidad Las Nubes incluyó ideas crueles, como despedir a trabajadores que se negaran a entregar sus tierras, o rociar cultivos de cardamomo con agroquímicos.

En un correo electrónico fechado el mismo mes, que el experto en relaciones comunitarias de las filiales locales envió al director administrativo Marvin Méndez bajo el encabezado “Propuesta Complementaria Las Nubes”, las proposiciones para desplazar a los pobladores de Las Nubes eran todavía más radicales: esparcir rumores sobre una epidemia de VIH entre los líderes comunitarios, pagar a delincuentes para que incendien cultivos de cardamomo o lanzar un rumor según el cual la casa de un líder comunitario era en realidad el fruto de un soborno.

Los autores del informe señalaron los “pros” y “contras” de cada estrategia planteada. En la parte que detallaba el plan de reclutar delincuentes para provocar incendios criminales, por ejemplo, estimaron como ventaja que el plan lograría “la destrucción de sus métodos de subsistencia”, pero anotaron en la columna de desventajas que los delincuentes podrían delatar quién los había reclutado. A pesar de su diversidad, todas las estrategias tenían un punto en común en su metodología: “pagar sobornos”.

Preguntado sobre estos métodos, Méndez –quien recibió el correo mencionado– reiteró que “esa información no corresponde a la realidad”.
Captura de pantalla de un documento interno titulado “Ideas Planes Las Nubes”. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.)

Más tarde ese año, sin embargo, la empresa pareció dar un giro estratégico. En lugar de buscar la reubicación voluntaria de la comunidad, CGN-Pronico empezó a comprar tierras individuales dentro de Las Nubes y explotarlas, según un informe.

En una parcela que adquirió, la empresa estimó la cantidad de níquel en 500 toneladas, con un valor final de 165 mil dólares.

“La empresa está lastimando a nuestra comunidad. Están dañando nuestro medio ambiente y nuestras culturas”, dijo Abelino Pantzir, poblador de Las Nubes y padre de ocho hijos. En una entrevista llevada a cabo en diciembre, afirmó: “cuando nos dan una pequeña oportunidad, la tomamos”.

En una entrevista realizada en El Estor con integrantes del consorcio de Forbidden Stories, un representante de una filial local de Solway indicó que nunca existió ningún plan para desplazar a la comunidad de Las Nubes.

“La empresa no planea reubicar a los residentes de Las Nubes”, coincidió Méndez. “La empresa invierte en Las Nubes y contribuye a su mayor prosperidad”, agregó.
Abelino Pantzir, un habitante de Las Nubes durante una entrevista en diciembre de 2021. Créditos: SVT
Jueces, políticos y policías en la nómina de la empresa

Enrique Xol tiene conocimiento de primera mano sobre los métodos de Solway. Xol, quien acepta hablar en público por primera vez sobre su experiencia con la empresa, es integrante de uno de los cuatro consejos ancestrales de El Estor y tiene una voz crítica hacia la mina.

En 2017 participó en una mesa de diálogo entre líderes comunitarios y la mina en el hotel Paraíso, ubicado a 20 kilómetros de El Estor. Xol narró a miembros del consorcio de Forbidden Stories que, después de la plática, el presidente de una de las filiales de Solway, Dmitry Kudryakov, se acercó a él, lo tomó aparte y, a través de un traductor, lo bombardeó de preguntas. “¿Qué quieres? ¿Quieres un proyecto? ¿Quieres algo?”, le preguntó el hombre, según recuerda Xol.

Para el líder comunitario, esta plática olía a sobornos. Rechazó los planteamientos.

Documentos y correos electrónicos internos a los que tuvo acceso Forbidden Stories sugieren que esta práctica pudo ocurrir a una escala mucho mayor.

En un intercambio de correos fechados en diciembre de 2016, directivos de la empresa elaboraron listas de “actores claves” para recibir un “potencial” regalo de Navidad. En los correos, se planteaba que los regalos se darían “como cortesías, como lo hacemos cada año”.

En una respuesta, el abogado de una de las filiales de Solway agregó un nombre particularmente interesante en la lista: “Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios”. Abajo, el abogado especificó que el destinatario sería el propio juez que en ese entonces encabezaba el tribunal: Edgar Aníbal Arteaga López, quien años después resolvió, a favor de Solway una demanda que la empresa presentó contra grupos de pescadores locales y periodistas.

Arteaga rechazó haber “recibido nunca algún regalo de CGN-Pronico o de cualquier otra entidad”. Las filiales de la empresa, por su parte, dijeron que enviar regalos a “amigos con quiénes interactuamos durante el año” es una “práctica común”, y que estas canastas de regalos “solo se entregan a personas cuando no lo prohíbe la ley”.

“Las canastas de Navidad no se entregan a jueces”, señaló Méndez.
Un email de diciembre de 2016 enviado al personal de una de las filiales de Solway, con el encabezado “URGENTE”, en el que se solicitan sugerencias de “potenciales” destinatarios de regalos de Navidad de la empresa. (Documento que forma parte de la filtración de datos a la cual Forbidden Stories y 65 medios de comunicación tuvieron acceso.

No obstante, otro documento interno, denominado “Listado de actores propuestos para entregar de (sic) presentes navideños Pronico/CGN 2016”, incluye siete alcaldes, siete líderes comunitarios, dos jueces, dos sacerdotes, dos periodistas y un obispo entre los más de 100 actores destacados en la región de El Estoy y sus alrededores.

Otros correos y archivos internos documentan la relación cercana entre las filiales de Solway y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el cuerpo de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en 2021 por “el uso excesivo de la fuerza y la represión en contra de pueblos indígenas maya q’eqchi’, periodistas y medios de comunicación en El Estor, Guatemala”.

En el transcurso de 2020, una de las filiales de Solway, Pronico, realizó al menos cinco donaciones a la Fundación Raxché como “aporte estratégico” a la PNC, por un monto total de cerca de 350 mil quetzales (45 mil dólares). Correos filtrados muestran que los agentes de la corporación policiaca colocados en varios puntos de la mina y sus alrededores también recibieron su parte de dinero de la empresa.

En un correo dirigido al “Señor director” –probablemente Dmitry Kudryakov, entonces director de la mina–, Roberto Zapata, el jefe de seguridad de una de las filiales locales, consideró que “apoyar a la alimentación es más rentable o mejor recibido por la PNC que apoyar en insumos a nivel general”, y recomendó “que se les dé el apoyo necesario a todos”.

“La naturaleza humana es reactiva, si se les deja de apoyar existen riesgos potenciales estratégicos (sic) que es conveniente analizar. (personalmente)”, insistió Zapata.

Estos pagos, según el abogado Jiménez, en Santa Rosa, “pudieron constituir el delito de tráfico de influencias o soborno, dependiendo de los términos en los que se entregó o de lo que se pidió en cambio”.

Sin embargo, a la pregunta de si la empresa había entregado algún donativo a la PNC durante las protestas en El Estor, Méndez contestó con una sola palabra: “No”.
Una foto tomada por el periodista Carlos Choc durante una manifestación de pescadores en 2017. (Créditos: Carlos Choc)
Poder y minería a la rusa

En el otoño de 2021, indígenas maya Q’eqchi tomaron las calles de El Estor para protestar contra la mina, por segunda vez desde 2017. “El Estor Resiste”, se convirtió en un grito de batalla que trascendió Izabal y se expandió por el mundo, en reacción a la violenta represión perpetrada contra las manifestaciones pacíficas y al estado de sitio que el gobierno de Guatemala decretó en octubre de ese año.

Los manifestantes de El Estor no solo estaban enojados por la consulta indígena, sino también por lo que consideraron una evidencia más de la captura del Estado guatemalteco por las transnacionales.

“Solo en Guatemala cambiamos la riqueza mineral por migajas”, escribió el pasado 12 de noviembre en su cuenta de Facebook el abogado Rafael Maldonado, quien representa a una asociación de pescadores en El Estor. “La minera en El Estor gana miles de millones al año y estas son las miserias que paga, dejando atrás destrucción y contaminación. Todo gracias a funcionarios corruptos y vende patrias”, agregó.

Lucía Ixchiu, de Festivales Solidarios, coincidió: “El Estado de Guatemala funciona en base a los intereses de los negocios transnacionales”, dijo. “Estamos hablando de una empresa multimillonaria, con todos los recursos y todo el apoyo y la complicidad del Estado”, aseveró.
Una manifestante vacía una bolsa de plástico llena de granadas lacrimógenas durante una protesta en El Estor en Octubre de 2021. (Créditos : Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria)

Hasta la fecha, la intromisión directa de Solway en el Estado nunca se había probado. Documentos en la filtración evidencian que las filiales de la empresa tienen, por lo menos, vínculos económicos con una empresa minera de origen ruso acusada de sobornar al presidente.

En el verano de 2021, antes de las manifestaciones en El Estor, estalló un escándalo conocido como la “alfombra mágica”. Informantes e investigadores –que huyeron del país– afirmaron que representantes del conglomerado minero de origen ruso Mayaniquel, S.A. sobornaron al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei para tener un acceso privilegiado a una terminal en Puerto Barrios. El caso resultó peculiar, porque el pago corrupto se hubiera concretado con fajos de billetes envueltos en una alfombra.

Solway siempre negó sus vínculos con ese escándalo, y trató de marcar distancia con Mayaniquel, S.A. La empresa incluso difundió un comunicado en el cual desmintió “cualquier involucramiento en el caso de sobornos”.

Sin embargo, correos electrónicos y contratos consultados en la filtración muestran que existió una relación comercial activa entre una de las filiales de Solway, Pronico, y Mayaniquel, S.A., lo que genera dudas adicionales sobre las conexiones entre la coalición de intereses mineros de Rusia activos en Guatemala y su influencia real en la cúpula del poder político.

Correos internos y contratos muestran que Pronico y Mayaniquel firmaron un contrato de más de 200 mil dólares por níquel a finales de noviembre de 2019. El contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2019 y renovado en enero de 2021.

En respuestas a Forbidden Stories y sus socios, Pronico y Mayaniquel confirmaron la relación comercial entre ambas empresas, pero nada más.

“La única relación de Mayaniquel y Pronico es meramente comercial, e involucra la venta de mineral de níquel”, planteó un representante de Mayaniquel en un comunicado compartido con Forbidden Stories. “Mayaniquel no tiene otra relación, ya sea comercial, corporativa u otra con CGN/Pronico y/o el Solway Group, y no está afiliada ni relacionada de otro modo con CGN/Pronico y/o el Solway Group”.

Las finanzas de Solway no parecieron sufrir con os escándalos, gracias en parte al incremento de la demanda global de níquel.

“Estos minerales tienen un precio elevado en este momento”, dijo Guadalupe García Prado, investigadora en el Observatorio de las Industrias Extractivas, en entrevista telefónica. “Y Solway está dispuesto a adentrarse más en la impunidad, la corrupción y la violencia para conseguir lo que quiere”, agregó.

Hasta la invasión de Ucrania por el ejército de Rusia, la empresa operaba minas en Ucrania, Rusia, Macedonia e Indonesia. (En una declaración del 3 de marzo, Solway anunció la suspensión de sus actividades mineras en Rusia). En África, Solway adquirió tierras en el monte Nimba, en Liberia, a través de una de sus filiales, llamada Solway Mining Incorporated. En ese país, donde más de un millón de personas viven en pobreza extrema, la filial prometió escuelas y centros de salud. Pero la gente no obtuvo lo que esperaba.

“Solway está actuando mal”, dijo un habitante al medio Mongabay. “Nuestra gente no anticipó que se comportaría como lo está haciendo, y es mi único lamento”.
Las intimidaciones llegan a Suiza

Al igual que El Estor, Zug, una pequeña ciudad ubicada en los Alpes de Suiza, bordea un lago que lleva el mismo nombre. El clima, sin embargo, es algo diferente, con temperaturas que caen regularmente debajo de cero en invierno. Esa ciudad pintoresca alberga la sede de Solway, desde la cual se esfuerza en pulir su imagen, lejos de las protestas y los escándalos de El Estor.

Los documentos filtrados sugieren que, en 2019, Solway contrató los servicios de las firmas de relaciones públicas más famosas del país. Juntas, elaboraron planes para «mejorar la reputación» de la empresa y «detectar problemas» en Guatemala. Justo ese año –en noviembre, precisamente–, la red de solidaridad cristiana Guatemala Netz publicó un informe crítico sobre el grupo minero. La organización religiosa, con sede en Berna y Zúrich, ya había pedido cuentas a la empresa por su impacto ambiental dos años antes, cuando apareció una mancha roja en el lago de Izabal, en El Estor.

“Hemos intercambiado cartas cinco veces entre 2017 y 2019″, dice Alice Froidevaux, integrante de Guatemala Netz. “Es muy interesante para nosotros ver cómo ha evolucionado la comunicación en estos dos años. Cuando recibieron nuestra primera carta, se notaba que no estaban acostumbrados a estar en contacto con las ONG o con alguien que fuera un poco crítico hacia sus sus acciones en el extranjero. Pero en el transcurso de los dos años, hemos visto mejora real en su comunicación con nosotros, pero también en su responsabilidad social empresarial».

En 2019, Solway contraatacó. En la última misiva que envió a la pequeña red, las amenazas de la multinacional son poco veladas. De manera indirecta, el grupo insinuó que señaló las acciones de Guatemala Netz a varias instituciones suizas. Denis Gerasev, su representante, incluso habló de «falsas acusaciones hechas contra [la empresa] en los últimos dos años» por Guatemala Netz, y prometió que «serán ciertamente investigados a fondo». También criticó el hecho de que la red «no haya visitado el entorno de la empresa ni haya podido hacer ninguna constatación [por sí misma]» y haya «rechazado la oferta [de Solway] de visitar la empresa». Y añadió: «Consideramos sus cartas como una intimidación a la empresa».

«Obviamente, estábamos un poco preocupados», admite Alice Froidevaux. “Somos una organización pequeña, no tenemos los recursos legales y financieros para enfrentarnos a una acción legal». Pero Solway maneja perfectamente la estrategia del palo y la zanahoria: mientras decía a la pequeña red que no descartaba iniciar acciones legales en su contra, le ofreció un debate moderado por el gobierno suizo. Guatemala Netz lo consideró hipócrita y se negó. «Es una estrategia típica de este tipo de empresas. Cuando rechazas la discusión, tú asumes el papel de villano», dice Alice Froidevaux.

Irónicamente, Solway reforzó el control sobre su comunicación en medio de un debate en Suiza para determinar si las multinacionales debían respetar normas más estrictas en materia de medio ambiente y derechos humanos. La Confederación Suiza ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de realizar consultas ciudadanas, bajo la modalidad de referendos. En 2019 se creó la Coalición Suiza por la Justicia Corporativa para combatir los abusos de las grandes empresas, criticadas regularmente por los daños ambientales que causan en el extranjero o por no consultar a las comunidades indígenas en el contexto de los proyectos extractivos. Esta coalición propuso una iniciativa denominada «transnacional responsable», que buscaba imponer a los grupos con sede en Suiza una normativa más estricta en materia de derechos humanos y medio ambiente. En noviembre de 2020, la iniciativa no consiguió el apoyo de más de la mitad de los 26 cantones de Suiza y finalmente se aprobó una contrapropuesta suavizada. En Zug, centro neurálgico para los negocios en Suiza, la medida fue rechazada por una amplia mayoría.

Es posible que el referendo asustó a Solway. Los documentos internos muestran que los altos cargos de la empresa recibieron un informe elaborado por Economiesuisse, una de las principales firmas de relaciones públicas en Suiza, y firme opositora a la iniciativa. La transnacional también ha mantenido contacto con otras empresas de relaciones públicas y con el instituto de investigación SwissPeace, que tiene al gobierno suizo entre sus principales clientes. SwissPeace confirma a un miembro del consorcio dirigido por Forbidden Stories que sigue asesorando a Solway en «sus esfuerzos por comprender y respetar los principios y expectativas internacionales existentes». Ojalá y sus consejos lleguen hasta El Estor.

El juego sucio de Solway: documentos internos revelan las estrategias sofisticadas de una minera de níquel para comprar favores en Guatemala

Ciudad de Guatemala (AFP) – La minera suiza Solway Investment Group ocultó reportes de contaminación en una zona indígena en el noreste de Guatemala, afirma este domingo una investigación de 20 medios internacionales que también denuncian compra de favores e intimidación, acusaciones que la firma rechazó.

La investigación «Mining Secrets» -en la que participaron 65 periodistas de 15 países, entre ellos de El País de España, Le Monde de Francia y el local Prensa Comunitaria- indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y PRONICO, subsidiarias de Solway Investment Group que operan en el municipio de El Estor.

Dirigida por la organización Forbidden Stories, la pesquisa «revela las estrategias que Solway ha usado para ocultar, en contubernio con las autoridades, cualquier elemento que podría inferir su responsabilidad en graves casos de contaminación … Sigue leyendo →]]> 06/03/2022
Vista aérea de instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021 Carlos ALONZO AFP/Archivos

Ciudad de Guatemala (AFP) – La minera suiza Solway Investment Group ocultó reportes de contaminación en una zona indígena en el noreste de Guatemala, afirma este domingo una investigación de 20 medios internacionales que también denuncian compra de favores e intimidación, acusaciones que la firma rechazó.

La investigación «Mining Secrets» -en la que participaron 65 periodistas de 15 países, entre ellos de El País de España, Le Monde de Francia y el local Prensa Comunitaria- indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y PRONICO, subsidiarias de Solway Investment Group que operan en el municipio de El Estor.

Dirigida por la organización Forbidden Stories, la pesquisa «revela las estrategias que Solway ha usado para ocultar, en contubernio con las autoridades, cualquier elemento que podría inferir su responsabilidad en graves casos de contaminación del medio ambiente».

De acuerdo con el informe, uno de los casos fue la aparición en 2017 de una extensa mancha roja en el lago de Izabal, que colinda con la planta de procesamiento de níquel, que la empresa y el gobierno atribuyeron a la reproducción de algas.
Instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021
Instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021 CARLOS ALONZO AFP/Archivos

El caso provocó una protesta de pescadores que acusaron a la minera de haberlo provocado. Uno de los manifestantes, Carlos Maaz, murió a tiros tras un enfrentamiento con policías.

Sin embargo, los documentos filtrados por hackers de Guatemala «desmienten las declaraciones oficiales y confirman las intuiciones de los pescadores», destacó la publicación.

«Mediante una inspección del departamento de Gestión Ambiental, se determinó la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal», alertó una comunicación interna de PRONICO, de acuerdo con la investigación.
Vista aérea de una mina explotada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021
Vista aérea de una mina explotada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, en la municipalidad indígena de El Estor, noreste de Guatemala, el 25 de octubre de 2021 CARLOS ALONZO AFP/Archivos

El consorcio de medios también evidenció prácticas de espionaje a periodistas, manipulación e intimidación de líderes comunitarios por tierras, relación con un juez y «pagos (de la empresa) a la policía para terminar con las protestas».

La última protesta contra la minera ocurrió en octubre del año pasado, cuando decenas de indígenas tomaron por varios días el acceso al municipio de El Estor para impedir el paso de camiones de la mina, alegando que un fallo judicial había detenido la explotación minera.

La Policía los desalojó con gases y luego el presidente Alejandro Giammattei declaró un estado de sitio con el despliegue de cientos de militares, en los que activistas denunciaron allanamientos para intimidarlos.
Patrullaje militar en la municipalidad indígena de El Estor el 26 de octubre de 2021, en medio de protestas contra la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, a la que acusan de daños medioambientales
Patrullaje militar en la municipalidad indígena de El Estor el 26 de octubre de 2021, en medio de protestas contra la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la minera suiza Solway Investment Group, a la que acusan de daños medioambientales Johan Ordóñez AFP/Archivos

La empresa y el gobierno respondieron que el fallo solo le impedía temporalmente la explotación en la mina Fénix con licencia para CGN, pero PRONICO podía seguir operando con material de otra cantera.

«Después de examinar las investigaciones publicadas por Forbidden Stories y analizar sus afirmaciones, Solway Investment Group refuta las alegaciones que carecen de fundamento fáctico», señaló la empresa en un comunicado compartido a la AFP, en el que subraya que las acusaciones son «falsas».
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220306-minera-suiza-ocult%C3%B3-da%C3%B1os-ambientales-en-guatemala-seg%C3%BAn-investigaci%C3%B3n-de-prensa

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Policías guatemaltecos realizaron redadas en El Estor, en la provincia costera norteña de Izabal, donde pobladores protestaron contra el proyecto minero Fénix en octubre de 2021. (Foto de archivo)

El gobierno de Guatemala restauró el jueves (06.01.2022) el permiso de funcionamiento para la mina Fénix, propiedad de una firma suiza, que tenía prohibido operar desde 2019 por decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Energía y Minas guatemalteco informó en un comunicado que la resolución permite volver a funcionar a la mina propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular con comunidades aledañas para determinar si aprobaban su funcionamiento.

La compañía de capital suizo se encuentra en el … Sigue leyendo →]]> La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular para saber si se aprobaba su funcionamiento.

Policías guatemaltecos realizaron redadas en El Estor, en la provincia costera norteña de Izabal, donde pobladores protestaron contra el proyecto minero Fénix en octubre de 2021. (Foto de archivo)

El gobierno de Guatemala restauró el jueves (06.01.2022) el permiso de funcionamiento para la mina Fénix, propiedad de una firma suiza, que tenía prohibido operar desde 2019 por decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Energía y Minas guatemalteco informó en un comunicado que la resolución permite volver a funcionar a la mina propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular con comunidades aledañas para determinar si aprobaban su funcionamiento.

La compañía de capital suizo se encuentra en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 250 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.

El Ministerio de Energía y Minas indicó que la consulta popular se realizó en diciembre pasado con «el pueblo indígena maya q’eqchí», de acuerdo a palabras del director de la cartera, Alberto Pimentel Mata.

Según el ministro, en cuanto al empresa minera sea «notificada» de la resolución «estará rehabilitada» para «reiniciar la explotación» de níquel.

La mina cuenta con un permiso de operaciones en un polígono de 6,29 kilómetros cuadrados en El Estor, en el departamento de Izabal, el único de los 22 que componen Guatemala con salida al océano Atlántico.

Diversas entidades han manifestado sus dudas con respecto a la consulta popular. El abogado Kelvin González, en representación del parlamento xinca, de carácter indígena, dijo desconocer «totalmente» la supuesta consulta realizada con «seudorepresentantes de comunidades indígenas».

Según el medio Prensa Comunitaria, al menos 94 representantes indígenas del pueblo que q’eqchí «fueron excluidos» de la consulta popular, que según el gobierno finalizó el 10 de diciembre.
gs (efe, afp)
https://www.dw.com/es/gobierno-de-guatemala-restaura-permiso-de-operaciones-a-minera-suiza/a-60354674

El estado de sitio estará vigente durante 30 días. La medida se establece después de “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”, reza una publicación oficial.

Bajo esta orden, se restringirán los artículos de la Constitución que regulan la libertad de acción, la detención legal, los interrogatorios a detenidos, los derechos de reunión y manifestación, y el porte de armas. Asimismo, se establecerá un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 horas del … Sigue leyendo →]]> 25/10/2021
Entre otras cosas, la medida prevé un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 en la zona de conflicto.
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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decretó este domingo el estado de sitio en El Estor, en el departamento de Izabal, después de que se registraran fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas que se oponen a las actividades de la mina Fénix.

El estado de sitio estará vigente durante 30 días. La medida se establece después de “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”, reza una publicación oficial.

Bajo esta orden, se restringirán los artículos de la Constitución que regulan la libertad de acción, la detención legal, los interrogatorios a detenidos, los derechos de reunión y manifestación, y el porte de armas. Asimismo, se establecerá un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente.

La medida se produce después de que los residentes del lugar mantuvieran durante 17 días un bloqueo, exigiendo que se cumpla su derecho a una consulta respecto a las actividades de Fénix. Este jueves y viernes se produjeron enfrentamientos entre decenas de indígenas maya q’eqchi’ y la Policía. Se reporta que los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Las autoridades señalaron este domingo que cuatro agentes resultaron heridos por arma de fuego.

“Adicionalmente, resultaron gravemente heridos otros 13 agentes de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes que portaban piedras, machetes, bombas artesanales y otras armas de fuego”, indicaron.

Respecto a la protesta contra la mina, el Gobierno comunicó que “la resolución mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió el derecho minero denominado extracción minera Fénix, a la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), está suspendida desde el 17 de febrero de 2021, acatando la orden directa de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.

“Otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida, por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera acorde a la ley”, precisaron las autoridades.

Choques entre policías e indígenas por proyecto minero provoca estado de sitio en Guatemala

Desde la mañana manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para protestar por los enfrentamientos reportados últimamente en El Estor, Izabal. En la protesta se observó a personas de distintas edades utilizando carteles y tambores para expresar su rechazo hacia la aparente represión de las comunidades aledañas al proyecto Fénix, a cargo de la compañía.

“(La comunidad) ha sido violentada, agredida, golpeada por elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala, que también han contribuido a la protección de la defensa de los intereses extranjeros de la minera”, dijo uno de los manifestantes.

Como medida, el presidente Alejandro Giammattei decretó Estado de Sitio en El Estor; sin embargo, el mandatario también fue sujeto a las críticas durante el plantón.

“También le han entregado un soborno al presidente Alejandro Giammattei en el tema de la concesión de la portuaria Santo Tomás de Castilla, … Sigue leyendo →]]> Jeanelly Vásquez –
24/10/2021
Los manifestantes dirigieron sus mensajes de protesta hacia la represión documentada durante los últimos días de parte de las autoridades. Foto: La Hora/José Orozco

Desde la mañana manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para protestar por los enfrentamientos reportados últimamente en El Estor, Izabal. En la protesta se observó a personas de distintas edades utilizando carteles y tambores para expresar su rechazo hacia la aparente represión de las comunidades aledañas al proyecto Fénix, a cargo de la compañía.

“(La comunidad) ha sido violentada, agredida, golpeada por elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala, que también han contribuido a la protección de la defensa de los intereses extranjeros de la minera”, dijo uno de los manifestantes.

Como medida, el presidente Alejandro Giammattei decretó Estado de Sitio en El Estor; sin embargo, el mandatario también fue sujeto a las críticas durante el plantón.

“También le han entregado un soborno al presidente Alejandro Giammattei en el tema de la concesión de la portuaria Santo Tomás de Castilla, y los sobornos de la famosa alfombra con la que fue sobornado el presidente Alejandro Giammattei con millones de dólares para poder entregar los recursos y hacer negocios”, detallaron.

Esto último corresponde a un reportaje de The New York Times, el cual detalla que el mandatario habría recibido dinero envuelto en una alfombra por parte de ciudadanos rusos.

EL RECHAZO EN PAPEL Y TINTA

Además de sus voces, los manifestantes utilizaron carteles como el principal canal de expresión ante los hechos ocurridos en El Estor. Cabe resaltar que las personas presentes se posicionaron en defensa de las comunidades afectadas por el proyecto minero en Izabal.

Los mensajes resaltados en las pancartas son referentes al daño de las minerías en Guatemala, tanto para los habitantes como el medio ambiente. “La mina contamina”, “No más violencia a nuestra gente”, “no al ecocidio minero”, “El Estor Resiste”, “solidaridad con la resistencia Q’eqchi’”, “estado genocida”, son algunas de las frases condenando la violación a derechos humanos y ambientales en el municipio.

PIDEN ACATAR LAS RESOLUCIONES DE LA CC

Otro mensaje expresado en el plantón fue “respeto a las resoluciones de la CC; no al estado de sitio”, refiriéndose a que en febrero del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia a favor de la población q’eqchi’ y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) iniciar los procesos de preconsulta con la comunidad antes de ejecutar el proyecto Minera Fénix en parte de Izabal y Alta Verapaz.

Pese a la orden del tribunal, el proceso fue aplazado y en junio del 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la suspensión del proyecto minero Fénix y la realización de un proceso de preconsulta entre el MEM y las comunidades de Izabal con un plazo de 18 meses. Además, el fallo de la corte estableció la reducción del proyecto minero de 247.9 kilómetros cuadrados a 6.29.

La primera preconsulta fue convocada para el 15 de julio del 2021, pero, algunos activistas, periodistas locales y comunidades indígenas indican que no se les ha tomado en cuenta durante el proceso. Pese a las crecientes manifestaciones y señalamientos de irrespeto hacia la resolución de la CC, el MEM aseguró que sí se ha acatado el debido proceso y entre los manifestantes están individuos foráneos a las comunidades aledañas al proyecto.

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